La renta de la oportunidad

Hace unos meses personas y entidades de diversos ámbitos profesionales y diferentes sensibilidades han estado trabajando en el contenido y la puesta en marcha de una nueva iniciativa legislativa popular: La Renta Garantizada Ciudadana. Esta propuesta pretende impulsar una renta condicionada para todas aquellas personas que no llegan a mínimos vitales, una propuesta que ya recoge el actual Estatut.

Pensamos que esta renta sería especialmente decisiva para las mujeres en riesgo de exclusión. Según señala Naciones Unidas en sus informes, la pobreza es femenina ya que siete de cada diez pobres que hay en el mundo son mujeres. La exclusión social no es un proceso inevitable sino que es el resultado de determinadas políticas que conducen a un proceso de segregación social de la que son víctimas algunas personas y grupos sociales.

La precariedad laboral, el menor poder adquisitivo, las mayores responsabilidades familiares y el escaso acceso de las mujeres a cargos de decisión hace de las mujeres un grupo social que acumula más factores de exclusión social, independientemente de su intensidad. La brecha salarial afecta a nuestro país en una diferencia de cerca de 19 puntos porcentuales de media, produciéndose a favor de los hombres en todos los estratos sociales y económicos. Por otro lado, más del 80% de los contratos que se hacen a tiempo parcial están destinados a mujeres, con la disminución de sueldo y prestaciones sociales que conllevan.

Vulnerabilidad

Hay otros aspectos que también influyen en su nivel de vulnerabilidad como, por ejemplo, la falta de reconocimiento económico y social del trabajo doméstico y de cuidado, que las mujeres realizamos aún muy mayoritariamente, la falta de antigüedad en sus puestos de trabajo (un 23% de las mujeres llevan menos de un año en su trabajo) o sus dificultades para llegar a cargos de decisión (solo hay un 12% de mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas).

Al mismo tiempo, las mujeres somos las grandes afectadas por los recortes, no solo se recortan nuestros derechos sino también aquellos servicios públicos que nos proporcionaba el incipiente Estado catalán del bienestar y que nos permitía optar a una vida con cierta libertad de opción. Una libertad que contenía límites claros debido a que las políticas de igualdad de oportunidades, a pesar de los avances, todavía no habían consolidado sus objetivos. De hecho, las políticas de mujeres y la legislación que desarrollaba lo que nuestras leyes básicas recogen: el derecho a la igualdad de oportunidades y la no discriminación están todavía lejos de conseguir sus objetivos. Los límites son casi imperceptibles para muchos y de una cotidianidad escalofriante para la mayoría.

Esta cotidianidad y naturalización nos ha llevado a un mercado de trabajo claramente segregado. Las mujeres accedemos, de forma general y mayoritaria, a puestos de trabajo que significan una extensión de nuestro trabajo en el ámbito familiar: el cuidado y atención a las personas. Desde la trabajadora familiar hasta la catedrática universitaria, de forma general, nuestro papel laboral está claramente dirigido a atender, educar, cuidar, curar... los sectores donde tenemos una presencia más clara son: educación, salud y servicios sociales. Siguen habiendo sectores donde nos es vetado claramente el acceso, las profesiones altamente masculinizadas con una presencia simbólica o inexistente de mujeres y con dificultades sociales, económicas y técnicas para acceder.

Derecho subjetivo individual

La propuesta de creación de una Renta Garantizada de Ciudadanía se basa en el reconocimiento de un derecho subjetivo de carácter individual pero vinculado a la situación económica de la persona y, en su caso, del núcleo familiar o de convivencia, no ligado a disponibilidades presupuestarias ni a la obligación de participar en acciones de inserción social y laboral, para mayores de 18 años y residentes en Catalunya. La cuantía la marca otra ley, la ley de prestaciones sociales de carácter económico, ya aprobada en el 2006 por el Parlament, a partir del reconocimiento del Índice de Suficiencia de Rentas de Catalunya (IRSC).

Naturalmente, las primeras medidas que se deben tomar son aquellas destinadas a cubrir las necesidades materiales básicas y esenciales de una manera universal y gratuita, es decir, el acceso a la educación y a la sanidad públicas, el acceso a la vivienda y el acceso al trabajo remunerado.

La ventaja de medidas económicas como una renta garantizada es que no solo palian las situaciones de extrema vulnerabilidad sino que avanzan en el empoderamiento de las mujeres y en su reconocimiento social como ciudadanas de pleno derecho. La Renta Garantizada dotaría de cierta autonomía económica a las mujeres en riesgo de exclusión y, por tanto, de instrumentos para optar a decisiones más libres, al tiempo que contribuiría a paliar los efectos del paro y reducir la precariedad laboral. Por todas estas razones consideramos imprescindible el desarrollo y aplicación sin más dilaciones de una renta garantizada en Catalunya tal como la define nuestro Estatut. Las mujeres en situación de pobreza no tienen más tiempo, no pueden esperar.

Este artículo está firmado también por Sara Berbel, psicóloga social.