La universidad pública, en peligro

La universidad debe responder a tres demandas: docencia, investigación e impacto social del conocimiento. En Catalunya, aunque la situación es mejorable (los recortes han impedido el objetivo de una inversión del 0,5% del PIB proyectada el 2010), las siete universidades públicas cumplen con creces estas demandas: en septiembre acogían 138.303 alumnos (sin los másteres), lo que representaba alrededor de la cuarta parte de los jóvenes de entre 18 y 24 años; eran responsables del 60% de la investigación y esta tenía un impacto medio un 52% superior a la media mundial, el 22% superior a la española y se situaba en sexta posición dentro de la UE-15. La población catalana representa el 1,5% de la europea, pero su producción científica, el 3%.

Y eso pese a la falta de recursos: solamente se dedica a las universidades el 0,38% del PIB, frente al 0,53% de España y el 0,80% de la UE-15. Por otra parte, como se desprende delInforme sobre los indicadores de investigación e innovación (diciembre del 2012) de la Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), Catalunya debería percibir el 38% de los fondos competitivos europeos destinados a las universidades españolas, pero Madrid solo hace efectivo el 22%. Esta situación de infrafinanciación está repercutiendo sobre los alumnos, el profesorado y la investigación. En los alumnos, en forma de un incremento de tasas, que ha hecho que el precio medio por grado (2.065 euros) se sitúe entre los más altos de la UE, por encima de los países nórdicos, donde la matrícula es gratuita, y de Italia, Alemania, Francia y España (1.560 euros). Al mismo tiempo, se ha reducido el programa de becas y los pocos recursos destinados al programa Erasmus (450 euros mensuales) amenazan a la mejor fábrica de europeístas del último cuarto de siglo. En el profesorado, en forma de reducción de plantillas: en torno a un millar en los dos últimos años vía despidos y no reposición de los que se jubilan, de tal modo que la ratio de alumnos por profesor aumenta y se aleja cada vez más de los objetivos de Bolonia. También se ha reducido el personal de administración y servicios. Finalmente, la inversión estatal en investigación ha caído en los dos últimos años el 31%. En suma, como han denunciado los rectores, el presupuesto en educación superior ha disminuido el 18%, lo que amenaza con deteriorar irreparablemente el sistema universitario y perder el «tren del desarrollo tecnológico», en contra del discurso político oficial de que el país «debe basar su progreso en el conocimiento». A todo eso hay que añadir la deuda acumulada por esas universidades, que en el 2011 llegaba ya a 237 millones de euros.

El problema es que las medidas que se proponen pueden agravar la situación. Por una parte, se habla de establecer un sistema de gobernanza basado en la externalización de los cargos de gestión y dirección, que serían nombrados por instancias ajenas a las universidades, y de una reducción del número de departamentos y facultades. Por otra, se pretende despedir a los profesores lectores que acaban contrato y sustituirlos, en el mejor de los casos, por profesores asociados de bajos salarios (en la UB, un profesor asociado a dos tercios de tiempo completo percibe un salario mensual inferior a los 450 euros netos). En definitiva, parece que se quiere apostar por un modelo que, en nombre de una supuesta eficacia que está por demostrar, impondría en los órganos de gestión y dirección académica a técnicos sujetos a la coyuntura política y reduciría la especialización y la investigación. Al mismo tiempo, en lugar de incentivar las prejubilaciones (la jubilación es a los 70 años) se está expulsando de las universidades a profesores jóvenes bien preparados, que son los que pueden garantizar un futuro de competitividad y eficacia docente e investigadora. Así, en unos años las pocas universidades catalanas que, como la UB, figuran en la relación de las 200 mejores del mundo saldrán de las listas.

Como ha advertido la ACUP, «la universidad catalana no podría soportar un recorte adicional sin un daño irreparable en su capital humano, con la pérdida de los jóvenes profesores e investigadores formados durante estos últimos cinco años y una caída sin precedentes de la calidad del servicio en todos los ámbitos docentes y de investigación». La situación de las universidades públicas es mucho más crítica de lo que socialmente se percibe y la dureza de la crisis puede decantar a la opinión pública hacia cuestiones consideradas más urgentes, pero de la crisis solo se saldrá con una economía productiva más eficaz y competitiva, y para ello resulta imprescindible un sistema universitario de primer nivel que los recortes están hiriendo de muerte. Y no es útil pensar que todo el mundo lo está pasando mal, porque si algo nos puede hacer ganar el futuro son la investigación, la innovación y la preparación universitaria de los jóvenes.