14 jul 2020

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Análisis

A más transparencia, menos corrupción

Jesús Lizcano Álvarez

Resulta evidente que uno de los problemas más agudos que tiene España en estos momentos es el de la corrupción, que está creando una alarma social y una indignación ciudadana sin precedentes y al que los responsables políticos del país deben prestar una atención y una dedicación profunda y quizá un nivel de valentía, generosidad y sacrificio sin precedentes.

Tal como manifestamos a los diputados hace algunos días en nuestra comparecencia en el Congreso, a grandes males, grandes remedios. A los parlamentarios les propusimos como gran remedio que los partidos políticos acuerden colectiva y urgentemente un verdadero y efectivo pacto de Estado contra la corrupción. Pero debería ser un pacto exento de grandilocuencias y generalidades y que recogiese de forma clara una serie de medidas concretas que sirviesen para prevenir y combatir eficazmente la corrupción política.

Nos permitimos proponer a tal efecto que una de las primeras medidas de ese pacto fuese la inclusión de los propios partidos dentro de la nueva ley de transparencia, actualmente en fase de tramitación parlamentaria. De esta forma, y al igual que se contempla en dicha ley para las más de 21.400 instituciones públicas de este país, también los partidos deberían pasar a informar puntual y periódicamente de un gran número de datos y aspectos económicos y financieros en relación con sus actividades, tales como sus presupuestos (y los correspondientes informes de ejecución presupuestaria), sus cuentas anuales completas (y no solamente una parte de ellas, y con años de retraso, como se contempla en la nueva ley de financiación de partidos), todos sus contratos, subvenciones, retribuciones, convenios, etcétera.

La corrupción ya no es rentable

La publicación en internet de todos estos datos podría ser una importante herramienta para multiplicar la transparencia y prevenir la corrupción política, además de que permitiría a los ciudadanos conocer qué hacen, cómo lo hacen y cómo gastan su dinero los partidos. Además, esto posibilitaría que disminuyese esa amplia y muy espesa sombra de sospecha que cubre actualmente -de una forma generalizada, y por ello injusta- a quienes se dedican a la política en este país.

Quizá ha llegado el momento de que entre todos los ciudadanos, comenzando por los políticos, hagamos ver claro que la corrupción ha dejado de ser potencialmente rentable y que ser corrupto ha pasado a ser una 'ocupación' de altísimo riesgo en este país. Se nos ocurre, por otra parte, que en las siguientes citas o convocatorias electorales los ciudadanos podríamos hacer algo efectivo por la transparencia y contra la corrupción castigando en las urnas y no votando a aquellos partidos que no hayan tenido voluntad de incluirse en la nueva ley de transparencia.