Unió nos debe una explicación

Tal como adelantó en el martes en EL PERIÓDICO nuestro responsable de la información judicial, Jesús G. Albalat, los acusados del 'caso Pallerols' y Unió Democràtica de Catalunya (UDC) han alcanzado un acuerdo con la fiscalía y con la acusación, ejercida por la Generalitat, para saldar este enojoso asunto. Los procesados, el empresario andorrano Fidel Pallerols y los democristianosLluís Gavaldà, su hermano Vicenç y Santiago Vallvé, reconocenel desvío de fondos públicos destinados a cursos de formación a cambio de penas menores que no impliquen su ingreso en prisión. Y UDC, como responsable civil subsidiaria y partícipe a título lucrativo, desembolsa 300.000 euros a fin de evitar que su presidente,Josep Antoni Duran Lleida, tenga que declarar como testigo en un juicio en el que la sentencia condenatoria estaba asegurada. La expresión “partícipe lucrativo” es un eufemismo para aludir a la financiación irregular de Unió Democràtica, beneficiaria de 197.384 euros de los fondos públicos desviados por Pallerols.

Nada tiene de extraordinario que, poco antes de iniciarse la vista oral, acusados y acusaciones alcancen pactos de estas características. Más escandaloso resulta que el juicio se señale 13 años después del inicio de la investigación, y trascurridos 18 desde la comisión de los delitos. Lo que demuestra que la justicia, por muy alto que lo manifieste el jefe del Estado,no es igual para todos: quienes tienen recursos económicos parapagarse buenos abogados pueden dilatar 'ad nauseam' el procedimiento judicial, confiando en que tarde o temperano lograrán su archivo. En segunda instancia les queda la alternativa, como es el caso, de reconocer los hechos y minimizar el castigo. Y, si todo lo anterior falla, siempre les queda la baza de utilizar sus contactos políticos para lograr del Consejo de Ministros la gracia del indulto.

Hace justamente diez años, al dictar el juez el primer auto sobre el 'caso Pallerols',Duran Lleida garantizó que, al final del procedimiento, quedaría acreditado que "Unió, como tal, no ha recibido una peseta de financiación ilegal". El tiempo y la firma que su partido estampó ayer en el acuerdo con el fiscal y la Generalitat han desmentido ese pronóstico, de modo que lo menos que cabe pedir a UDC y a su máximo dirigente es quedé una explicación a los catalanes. Nos la debe.