Tres reformas electorales

La ley electoral es clave en un sistema democrático, es un postulado esencial para la identificación entre ciudadanos y cargos electos. La normativa española es de 1986 y es una ley orgánica que requiere mayoría absoluta. Pero junto a esta exigencia formal cuantitativa, en el espíritu del legislador constitucional está claro que las reglas del juego -esto es, cómo se eligen y reparten los cargos electos- no pueden ser fijadas o modificadas unilateralmente sino que requieren necesariamente un amplio consenso con otros. Ahora hay tres reformas electorales a las que hay que referirse.

1.Reforma electoral inviable.El Gobierno ha propuesto posibilitar que quienes salieron de Euskadi por razón del terrorismo y vivan en otros lugares puedan votar en todo tipo de elecciones vascas. Hay que recordar aquí el hecho de que el actual partido en el Gobierno utilizase de modo insistente el tema de la lucha antiterrorista cuando estaba en la oposición. Era uno de los arietes para erosionar al Gobierno. Ahora, en el poder, sabe que la banda armada está mínimamente operativa. La tregua indefinida es fruto de la lucha del Estado de derecho y del absoluto agotamiento de ese proyecto seudorevolucionario de una camada de asesinos. Con este panorama, el PP ha modulado sus mensajes y también su teoría. Desde su responsabilidad de gobierno ha cambiado su línea, utilizando la ley penitenciaria y otros mecanismos no para endurecer su reacción sino para utilizar la inteligencia. Es un giro más (bienvenido en este caso) del programa electoral. Ello ha causado la decepción de ciertos sectores de víctimas, y ahora se lanza la idea del voto de losexiliados. Pero no se tiene ni una aproximación de cuántos son, se declara suficiente la declaración de que la marcha de ese ciudadano fue por motivo del terrorismo y supone una peligrosa e injustificada excepción de un principio que debe ser absolutamente igual para todos: el lugar del voto viene determinado solo por el lugar de residencia. Esta reforma no es viable ni constitucional. El PSOE calla; no quiere aparecer como contrario a las víctimas.

2.Reforma en ciernes antidemocrática.Recientemente, el Gobierno ha anunciado la intención de suprimir el 30% de los puestos de concejal, es decir, 25.000 ediles. La medida afectará muy especialmente a los ayuntamientos pequeños. Ciertamente, en época de recortes muchas áreas quedan afectadas para una finalidad economicista, de ahorro. En este caso, el Ejecutivo prevé ahorrar 3.000 millones. Pero, como en muchas decisiones del Gobierno, no hay ningún estudio previo. ¿Ahorrar este pequeño dinero justifica una reforma de tal calado? Hay varios elementos a considerar.

De los 8.600 municipios de España, el 80% tienen menos de 5.000 habitantes. Pues bien, en la inmensa mayoría de ellos los concejales no cobran un sueldo, o bien es insignificante o consiste solo en dietas de asistencia. Son muy mayoritariamente estos municipios los que verán afectados su número de concejales, y en no pocos se pasará de 11 ediles a siete. Pero si la gran mayoría no cobraban, ¿por qué suprimirlos?

El ahorro va a ser muy pequeño. En cambio, sí deberían eliminarse el gasto suntuario (comidas, etcétera) y los asesores de los grupos políticos y poner el ojo en los grandes ayuntamientos, que son los que, por deficiente gestión u obras faraónicas, tienen endeudados por lustros a sus municipios. Esta reforma olvida que, siendo la Administración más cercana, es el ámbito municipal el primer y esencial escalón de participación democrática, y que esto queda afectado si se reduce el número de concejales. Pero más graves son las consecuencias: favorecerá al duopolio PP-PSOE. Son los partidos pequeños de ámbito local, y también UPD e IU, quienes verán limitados sus concejales y sus expectativas de crecimiento, pues les cuesta muchos más votos entrar en las corporaciones. Esta reforma local es una modificación electoral encubierta que perjudicará a estos partidos pequeños. ¿No lo habrán hecho también con este fin?

3.Reforma indispensable y despreciada.Mientras, si hay algo que el pueblo demanda es abrir algo las listas electorales, o al menos desbloquearlas. La cerrazón de los partidos al elaborarlas les sigue alejando aún más del sentir ciudadano. Se confeccionan desde planteamientos puramente burocráticos, de meritocracia interna, y se obliga al ciudadano a votar en bloque una lista cerrada sin poder valorar en modo alguno las cualidades de quienes en ellas se presentan.

Las listas abiertas incentivarían la vinculación con los ciudadanos, pero a los partidos les interesa el control férreo de unos cargos electos muy sumisos y que aplaudan al líder. El pueblo clama por una reforma electoral para cambiar esto, pero sigue siendo imposible. Cada vez más ciudadanos critican a los partidos políticos, pero lo preocupante es que se transmita la idea de que «la democracia es así» (mentira) y cada vez haya más personas desafectas con el sistema. Pero a ellos, mientras les voten...

Abogado del Estado.