La batalla legal

Banca al banquillo

La judicatura ya no asume solo que «lo firmado, firmado está» y tiene en cuenta la información al cliente

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Banca al banquillo

LEONARD BEARD

Estos últimos días han sido un permanente y vergonzoso desfile de trasiegos jurídicos para el sistema financiero español y, muy particularmente, para bancos y cajas. Haciendo un somero repaso, debemos mencionar en primer lugar, como no podría ser de otra forma, la escandalosa imputación por parte del juezAndreu de la Audiencia Nacional del exvicepresidente del GobiernoRodrigo Rato y 32 antiguos consejeros de Bankia. Todos ellos deberán aportar su testimonio para convencer al magistrado instructor de que en la gestión de la entidad no han cometido ninguno de los serios delitos que se señalan en el auto de la Audiencia Nacional: apropiación indebida, maquinación para alterar el precio de las cosas, falsificación de balances y administración desleal. Palabras mayores.

BANKIA NO ES, sin embargo, el único caso de choque frontal entre entidades financieras y poderes judiciales. En Galicia, la fiscalía autonómica ha demandado a Novagalicia Banco -la antigua Nova Caixa Galicia- por la venta de las polémicas participaciones preferentes. Acusa al banco de haber impuesto a sus clientes «prácticas abusivas» por ofrecer información deficiente y poco transparente sobre los riesgos de estos productos, además de mantener la puerta abierta para recurrir a la vía penal si queda demostrado que la entidad ha incurrido en falsedad documental. De momento, la fiscalía gallega exige como medida cautelar, a la espera de que se resuelva su demanda, que Novagalicia Banco establezca un depósito de nada menos que 1.108 millones de euros en previsión de una sentencia que condene a la entidad a devolver el dinero obtenido ilícitamente de sus clientes. De nuevo, palabras mayores.

¿Y aquí? En Catalunya, el sector financiero también tiene frentes abiertos con el poder judicial. La Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona mantiene abierta una investigación para esclarecer si se han producido irregularidades en las millonarias retribuciones de los altos cargos de Catalunya Caixa, entidad que, hay que recordarlo, ha recibido cerca de 3.000 millones de euros en ayudas públicas. Y no es el único caso. Anticorrupción también investiga las generosísimas pensiones -23 millones de euros en total- percibidas por varios exdirectivos de Caixa Penedès, y un juzgado de Terrassa analiza en estos momentos diversos aspectos de la gestión de Unnim y, de nuevo, las indemnizaciones recibidas por altos cargos .

Estos son todos ellos casos recientes y espectaculares, pero lo cierto es que no hay día en que los responsables jurídicos de bancos y cajas no tengan que acudir a algún juzgado del Estado español para responder ante clientes airados que se sienten víctimas de malas prácticas bancarias y objeto de abuso por parte de su entidad. El trance no es cómodo para ellos. Si había sido habitual que a la hora de decidir sobre estos conflictos prevaleciera en el mundo de la judicatura la idea de que «lo firmado firmado está», lo cierto es que desde hace un tiempo se acumulan las resoluciones condenatorias contra las entidades. Normalmente, los jueces reprochan a bancos y cajas el hecho de no haber provisto al cliente de la información necesaria para ponderar los riesgos a los que se expone realizando determinadas inversiones o sancionan el contenido deliberadamente oscuro y opaco de esta misma información. Magistrados y magistradas actúan, pues, al servicio de una legislación que, aunque la ciudadanía pueda llegar a dudarlo viendo según qué cosas, se muestra especialmente protectora con la figura del cliente en el marco de su relación con las entidades.

Esta coincidencia en el tiempo de tantos y tan variados escándalos relacionados con la banca -¡y aún nos queda por ver la parte más grave de la problemática de las preferentes!-, nos aboca a una situación altamente preocupante. Ha quedado patente que, no sin razón, ciudadanos e instituciones han perdido buena parte de la confianza depositada en un sistema financiero que hasta hace bien poco era considerado modélico y que, incluso, en un ataque de orgullo patriótico, se calificaba recurrentemente y sin tapujos como «el mejor del mundo».

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TODOS SABEMOS, bancos y cajas los primeros, que la fiesta terminó hace tiempo para el sistema financiero español. Empezó a hacerlo el día en el que, asombrados e incrédulos, vimos en las noticias que se derrumbaba Lehman Brothers sin acabar de entender que estábamos a las puertas de una crisis de la que no llegábamos a imaginar las terribles consecuencias. De aquella fiesta ya no queda nada, solo la suciedad y el desorden que testimonian los excesos y el desenfreno de unos años no tan lejanos, cuando todo parecía posible para unas entidades enloquecidas de prosperidad y con las arcas siempre llenas.

Ahora les toca al poder judicial y a las personas que se sienten maltratadas por las entidades donde habían depositado su dinero y, quizá más importante, su confianza hacer limpieza y volver a poner orden contra los abusos pasados y presentes, en prevención de los futuros. Abogado del Col.lectiu Ronda.