Perlas del papel

Los cachorros de 'la gloriosa'

La promoción de abogados del Estado de 1996 atesora poder con Rajoy

Los cachorros de 'la gloriosa'_MEDIA_2

Los cachorros de 'la gloriosa'_MEDIA_2

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Sabrán o supondrán que ser funcionario de la más antigua nación (de naciones) de Europa tiene su qué; que ser alto funcionario de España deja impronta; y que si la cosa se remonta a generaciones de viejos genes castellanos no les digo. Sabrán que 11 de los 14 integrantes del Gobierno español, empezando por el presidenteRajoy(registrador) y la vicepresidentaSáenz de Santamaría(abogada del Estado) han opositado, lo que en España suele conferir, según los entendidos, una concepción patrimonial del poder que cuando se gobierna sirve para relegar los contrapoderes democráticos (entes de control, reguladores...) que tan útiles son en la oposición (bloquear instituciones o vetar su función). Pero hay más:Rajoy y Sáenz de Santamaría ya han nombrado para el segundo escalafón de Gobierno a 7 de los 35 integrantes la promoción de abogados del Estado de 1996, autodenominadala gloriosa. Y el último elegido esLeopoldo González-Echenique,candidatoin pectorea gobernar RTVE. Es, según un rendido editorial deLa Razón,«justo lo que necesitan RTVE y sus miles de profesionales ante una encrucijada sin precedentes».Y solo«un gestor de perfil bajo para sanear la cuentas» paraEl Mundo,que advertía:«El PP tiene ahora un cheque en blanco para controlar políticamente una RTVE que le era manifiestamente hostil. Esperemos que eso no suponga una vuelta a sectarismo».Abcse reservaba editorialmente, peroCurri Valenzuelahonraba ala gloriosa, asunto en el que se recreabaEl Confidencial,citando a 19 de sus miembros con cargos de notoriedad, incluidosIván Rosa, el marido de la vicepresidenta, ySevero Bueno de Sitjar de Togores, responsable de la abogacía del Estado en Barcelona. Y este es el padre,«un abogado»segúnEl Mundo,que ha presentado una demanda por daños y perjuicios de 10.000 euros contra la Generalitat porque su hija no puede estudiar en castellano. XAVIER CAMPRECIÓS