Reforma laboral y competitividad
Joaquín Romero
Periodista
Redactor del área de Economía de EL PERIÓDICO durante más de 20 años (16 de ellos como redactor jefe), ahora forma parte del equipo de Opinión.
La reforma laboral que se acaba de poner en marcha persigue la creación de empleo a medio plazo, aumentar la flexibilidad interna de las empresas y la mejora de la competitividad de la economía.
Esos son los objetivos de la ley, y los métodos para conseguirlo son, fundamentalmente, el abaratamiento de los costes salariales y la reducción del poder de unos sindicatos que el domingo dieron una lección de inteligencia y de capacidad de movilización. Del primer capítulo, lo que en realidad separa a España de la media europea es el precio de los despidos, no los sueldos.
La reforma introduce una reducción drástica de ambos porque el Gobierno considera que es el momento político de hacerlo, de cara a Europa y a los empresarios. Es una ley en la que pesa más la ideología que la prudencia y el cálculo riguroso de sus consecuencias.
Si la indemnización máxima estaba lejos de la media comunitaria, el sentido común aconsejaba una aproximación paulatina. Pero en este terreno, como en los cambios en educación o en el caso del extravagante túnel de los Pirineos, se ha tenido más en cuenta la ideología que la objetividad.
La palmadita en la espalda que Berlín dio al Gobierno unas horas después de haber aprobado la ley --sin tiempo material de estudiarla-- se habría producido igualmente con otro texto menos agresivo. Si el PP consideraba que por ese camino obtendría árnica en otros capítulos, como el del cumplimiento de la reducción del déficit, ya se ha visto que no será así, al menos no únicamente para el caso español.
Algunos grandes economistas han señalado reiteradamente que España necesita bajar sus costes salariales para ganar competitividad, una ecuación que aguanta sobre el papel, pero no siempre en la práctica.
Las operadoras de telefonía, por ejemplo, mantienen precios que no son competitivos con el resto de Europa pese a que tienen externalizados en mercados más baratos una buena parte de su mano de obra y a que han reducido sus plantillas nacionales.
Qué decir de la banca y de la financiación de las empresas. También ha aminorado sus nóminas y cuando obtiene liquidez al 1% del BCE no abre el grifo del crédito, y si lo hace es a intereses que se acercan a los dos dígitos. Son dos casos de sectores que han ganado productividad vía costes, pero no son más competitivos que antes.
Hubiera sido más prudente y menos injusto habilitar primero los mecanismos que acaben con la rigidez que caracteriza a nuestra economía en la traslación de los costes a los precios. El camino que ha elegido el Gobierno supondrá, al menos a corto plazo, la expulsión de muchísimas personas de las empresas sin tener ninguna garantía de que ese drama dé resultados.
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