Debate con una deriva peligrosa

La crisis también ha llegado al audiovisual de servicio público, léase Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). De golpe y con dos medidas. La legal, mediante la que se quiere adelgazar sus estructuras directivas, y la funcional, mediante una propuesta de contrato-programa con una reducción del 13,3% del dinero público que el Govern, en aras de la transparencia, quiso presentar por primera vez en comisión parlamentaria a todos los grupos de la Cámara, lo que ha suscitado el correspondiente debate.

Hasta aquí todo normal. Doloroso por los recortes, pero normal. Lo que no acabo de entender es la deriva que los partidos del anterior tripartito le han querido dar a este debate. Me explicaré. De siempre ha habido un gran acuerdo parlamentario sobre el carácter estratégico de los medios de servicio público en el conjunto del ecosistema de la comunicación: como una especie a proteger para conseguir la formación plural de la opinión pública, asegurar la normalización lingüística y promover la industria audiovisual catalana. Este acuerdo viene de lejos, casi desde el inicio, cuando el Govern deJordi Pujoltuvo el coraje de crear

TV-3 con una red propia de enlaces en lugar de alquilar los de RTVE. Y el hecho verificable es que los productos de TV-3 han aportado siempre una calidad que los diferencia de la restante oferta pública de otros territorios y de la oferta privada. Pero también se nota recientemente un fuerte oleaje doctrinario, cuyo embate quiere convertir este servicio público en algo residual. El PP lo está estimulando cuando algunos de sus líderes promueven la privatización de las autonómicas, o sugieren que todas ellas se conviertan en un solo canal con desconexiones territoriales; en su programa electoral se insinuaba una confusión entre lo público y lo privado.

Es peligroso, entonces, que en el debate parlamentario, para desgastar al Govern, la oposición califique tales recortes como una operación con plan oculto al servicio de esa marginalidad. Peligroso y perverso.

Fui convocado días atrás por el Parlament para tratar, junto a otros expertos, sobre el proyecto de ley de modificación de diversas leyes en el ámbito audiovisual que reduce a cinco los miembros del consejo asesor de la CCMA y del Consell de l'Audiovisual (CAC) y establece la alternativa de la mayoría absoluta si el nombramiento de tales miembros no se consigue mediante los dos tercios del Parlament. Allí pude comprobarlo personalmente. Los diputados querían conocer nuestra opinión, pero las intervenciones del PSC, ERC e ICV-EUiA rezumaban desconfianzas y recelos aludiendo al «gato encerrado» y alimentando la sospecha de que el Govern pretende controlar y deshacer el vigente modelo de servicio público.

Me pareció una actitud poco oportuna, porque, si bien observé consenso en la reducción de los miembros, en cambio se agitaron los demonios del control gubernamental sobre la CCMA al referirse a la alternativa de la mayoría absoluta. Me sonó extraño, porque con esa mayoría absoluta se legaliza la práctica del mal menor que quienes ahora protestan ya utilizaron para nombrar al actual presidente de la CCMA, entonces sin ningún amparo legal hasta el punto de que el Consell de Garanties Estatutàries lo tuvo que censurar como práctica antiestatutaria. La alternativa del proyecto evita repetir el error, de manera que, si no se consigue la mayoría cualificada y se provoca un bloqueo, exista la opción de la mayoría absoluta para nombrar a los miembros de la CCMA y del CAC. Una mayoría que nunca será gubernamental. Eso sí, propuse no votar en la misma sesión para visualizar el fracaso del primer intento y la necesidad de acudir a la segunda opción en una sesión posterior.

La crisis, que afecta a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales, no puede soslayar los medios públicos de comunicación, cuya organización seguro que puede mejorar y sus contrataciones ser más transparentes. Aquí no existe el copago del canon que tienen tantos países de Europa, por eso su financiación pública es más gravosa. Y seguro que hay materia para el debate, aunque haya que recordar que a los pocos días el actual Consell de Govern de la CCMA aprobó los presupuestos para el 2012, asumiendo el recorte sin ningún voto en contra y con más de los dos tercios a favor; y nadie discutirá que sus miembros son hijos de una mayoría muy cualificada del Parlament. Lo perverso es introducir en este debate descalificaciones cuando la función del operador público es más necesaria que nunca.

Con la aparición de la TDT se ha multiplicado la oferta de los programas privados españoles que se ven en Catalunya. Y algunos, desde su legítimo derecho a la libertad de expresión, tienen una línea editorial que convierte a representantes minoritarios de la política catalana en protagonistas de su programación. Nada que objetar, pero sí se hace más necesario que la televisión pública de Catalunya compense con su pluralismo interno aquella desproporción, resituando cada formación política en su correspondiente representatividad. Exvicepresidente del CAC.