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Lloret parece haber sacado conclusiones de los graves incidentes de principios de agosto, cuando sufrió una prueba culminante de los efectos de haberse convertido en la meca del turismo alcohólico y sexual a bajo precio, un modelo que ha demostrado palmariamente que, si bien procura unos muy notables ingresos inmediatos a una parte del sector turístico, a medio plazo tiene unas consecuencias nefastas que cuesta mucho revertir.

El ayuntamiento, que hace un mes aprobó un plan de choque para enderezar el rumbo y el prestigio de la ciudad, reclama ahora ayuda y complicidad para llevarlo a cabo. Es una petición lógica, porque varias de las medidas -control y sanción de los turoperadores que promocionan Lloret como capital de la diversión desenfrenada, de los hoteles que incurren sistemáticamente en el overbooking o de quienes fomentan el consumo de alcohol- sobrepasan el ámbito municipal. La Generalitat, por tanto, debe ser receptiva. Pero no hay que engañarse: son las autoridades y los empresarios turísticos serios de Lloret quienes más han de poner para que cuaje el giro apuntado en los últimos tiempos hacia un turismo de más calidad, homologable con el del resto de la Costa Brava. Es la única vía posible, aunque los buenos resultados económicos de esta temporada puedan llevar a la tentación de insistir en el callejón sin salida actual. Ni Lloret ni Catalunya pueden permitírselo.