La grave situación de las finanzas públicas

Ideas para después de la crisis

Tras el 20-N hay que revisar un Estado faraónico insostenible e implantar un sistema fiscal realista

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FRANCINA CORTÉS.

FRANCINA CORTÉS.

Una de las lecciones más visibles de la crisis económica se refiere a la sostenibilidad del Estado del bienestar, cuya existencia había dejado de ser objeto de polémica ideológica toda vez que la mayor parte del centroderecha aceptó hace tiempo en Europa (no así en Estados Unidos) el carácter socializador de los grandes servicios públicos, universales y gratuitos. En nuestro país, la recesión, que aquí ha representado la destrucción de una fracción notable del tejido productivo, ha resucitado la exigencia, por otra parte de sentido común, de mantener un sistema fiscal suficiente para sostener un sector público potente, acorde con la demanda social. La opulencia de la que hemos disfrutado relativizó la relación entre ingresos y gastos públicos, abrió la puerta a un gran endeudamiento público (paralelo al privado, del que nadie se escandalizaba tampoco) y laminó en buena medida la idea de redistribución, que, aunque relativizada por el neoliberalismo dominante, sigue siendo necesaria en la organización de las sociedades modernas.

Hoy nos encontramos en España en un momento crítico en el que no va a haber más remedio que tomar grandes decisiones para completar el ajuste que nos exige Europa: los tres grandes pilares del Estado del bienestar, la educación, la sanidad y los servicios sociales (a los que habrá que añadir el cuarto, la dependencia), transferidos a las comunidades autónomas y gestionados por ellas, están a punto de quebrar y solo se mantienen artificialmente intactos por la inminencia de las elecciones generales del 20-N: los dos grandes partidos quieren aplazar hasta después de la consulta el colosal recorte presupuestario que se avecina, semejante como mínimo al producido en Catalunya, del 10%, y que todavía requiere nuevas vueltas de tuerca para acomodar el gasto a las disponibilidades reales de recursos.

Así las cosas, tras el 20-N habrá que resolver una compleja ecuación en la que deberán conciliarse la necesidad de crecer -sin crecimiento, será difícil reducir paulatinamente el déficit y amortizar la deuda-, el cumplimiento de los compromisos con la Unión Europea -hemos de alcanzar las condiciones de convergencia en el 2013- y el establecimiento gradual de una presión fiscal suficiente que nos permita financiar el Estado del bienestar.

Será sin duda en este último punto en el que se mantenga una cierta dialéctica entre el centroderecha y el centroizquierda, ya que probablemente Rubalcaba apostará por aplicar incrementos impositivos que aseguren el sostenimiento del Estado, en tanto que Rajoy, apoyado en la dudosa curva de Lafer -la recaudación crece cuando los impuestos directos bajan-, apostará por la reactivación sin subida de impuestos. En todo caso, las lindes entre ambas opciones son cada vez más difusas, ya que en Italia Berlusconi acaba de optar por imponer recargos a las rentas superiores a 90.000 euros anuales.

Las últimas decisiones adoptadas por el directorio europeo nos han conducido irremisiblemente a la estabilidad presupuestaria, constitucionalización incluida. Los miembros de la eurozona no tenemos más remedio que aplicar el criterio ortodoxo según el cual todos los gastos corrientes deben ser sufragados con cargo al presupuesto, en tanto que el déficit está muy severamente restringido. La implementación de estos criterios requerirá un esfuerzo pedagógico de los poderes sobre la ciudadanía, ya que aquí se ha perdido casi por completo el sentido de la relación entre ingresos y gastos: las comunidades autónomas son unos extraños entes que gastan pero que no recaudan, un privilegiado statu quo que debería cambiar si queremos que la sociedad tome conciencia de que ni los recursos son ilimitados ni es posible recibir prestaciones públicas sin la previa contribución colectiva al sostenimiento del Estado.

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En definitiva, el Gobierno que surja de las urnas el 20-N deberá realizar preferentemente dos grandes tareas: en primer lugar, una reconsideración integral del Estado a la baja, en el sentido de la mayor austeridad, aplicando el procedimiento del presupuesto cero: partiendo de cero, habrá que ir añadiendo instituciones útiles al edificio público, prescindiendo de lo prolijo y evitando duplicidades. En este capítulo habría que incluir la desaparición / racionalización de las diputaciones, la concentración de municipios, etcétera. Y en segundo lugar será preciso un replanteamiento del tamaño del Estado en sus tres niveles que nos permita una redefinición de un modelo de financiación ajustado a las necesidades y posibilidades reales del país.

Está claro que este profundo ejercicio de realismo no puede hacerse a cada legislatura, por lo que sería muy deseable conseguir un cierto consenso en una materia que tiene notorio carácter constituyente. Pero en cualquier caso, sean o no capaces Rubalcaba y Rajoy de tal esfuerzo, no será posible aplazar ni la revisión de un Estado faraónico que no nos podemos permitir, ni la implantación de un sistema fiscal realista que nos facilite el sostenimiento del sistema público que hayamos decidido preservar. Periodista.