editorial

España consagra la disciplina financiera

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El sorprendente anuncio del presidente del Gobierno de que va a ejecutar, a una semana vista y con el concurso del PSOE y el PP, una reforma exprés de la Constitución para consagrar en ella un mecanismo que limite el déficit público tiene una gran trascendencia política. Y al mismo tiempo es una manifestación inequívoca de la gravedad de la situación económica y financiera. José Luis Rodríguez Zapatero ha sido el primero en dar el paso que hace apenas una semana reclamaron Angela Merkel y Nicolas Sarkozy a sus homólogos de la UE, en un gesto que recuerda que España fue el primer país en someter a referendo, en el 2005, la Constitución Europea, luego abortada al embarrancar en otros países.

Alemania, la gran locomotora de Europa y su principal contribuyente, decidió ya al inicio de la crisis ser mucho más estricta en el uso del dinero que transfiere a otros países de la Unión -básicamente, los del sur- y les requirió la misma disciplina que ella se aplica. En esa exigencia pesaron tanto el sentido del rigor -a juicio de no pocos, inflexibilidad- como el pavor que aún hoy, casi un siglo después, causa a los alemanes el recuerdo del hundimiento de su economía debido a la hiperinflación en los años de la República de Weimar, un desastre que fue uno de los caldos de cultivo del nazismo.

Pero Alemania predica con el ejemplo y ha sido el primer país en incorporar ya a su Constitución

-con el apoyo de la oposición socialdemócrata- un límite del déficit público: en el 2016, el 0,35% del PIB en los gastos estructurales. Una iniciativa que consolidó y extendió en la dramática cumbre de la UE del 9 de mayo del 2010, en la que los gobernantes europeos se comprometieron a drásticas medidas para sanear las finanzas de sus países y dar confianza a unos mercados globales ya entonces capaces de poner en gravísimos apuros a los estados.

Salvar el euro

Para España, país directamente concernido, fue doloroso aceptar un recorte de esta naturaleza de su soberanía política y financiera, que tuvo una traducción inmediata, entre otras medidas, en la reducción del 5% del sueldo de los funcionarios. Pero el bien superior del mantenimiento del euro, un instrumento capital para que España recupere fortaleza económica, justificaba el ajuste. Y si entonces el Gobierno creyó innecesario plasmar esa nueva realidad en la Constitución, la evolución, a peor, de la situación económica internacional y la presión germano-francesa lo han obligado a otra vuelta de tuerca para sacralizar ante el mundo el objetivo del equilibrio presupuestario.

La gran incógnita que se plantea ahora, tanto en España como en los países que la imiten, es cómo los poderes públicos podrán conjugar esa solemne y aguda contención del gasto con las iniciativas para reactivar la economía e incrementar los ingresos. Solo el aumento de impuestos a quienes más pueden pagarlos parece un paliativo a corto plazo para mantener lo esencial del Estado del bienestar. Lo que recuerda y acrecienta la necesidad de homogeneizar las políticas fiscales de la UE, un paso clave al que los estados se resisten.

Un tabú roto

La Constitución, que tiene ya 33 años, solo había experimentado una leve modificación técnica en 1992, y todos los debates habidos luego sobre la conveniencia de revisar algunos de sus contenidos han perecido ante la realidad de que era imposible sin el acuerdo del PSOE y el PP. Que ahora, de la noche a la mañana, estos dos partidos pacten con urgencia una reforma del calibre de la que se prepara confirma que la Constitución puede y debe tocarse cuando es preciso. Se ha roto un tabú político. En aras, esperemos, de una mejora de la economía y la vida cotidiana de los españoles.