Ser juez y parte

El negocio de las agencias de calificación es tan simple que sorprende. Alguien se dio cuenta en su día de que a los inversores les convenía una empresa capaz de aconsejar imparcialmente sobre la calidad de los productos financieros. Y también vio que en paralelo a los emisores de deuda les convenía que un técnico objetivo avalara la fiabilidad de sus productos. El mecanismo es tan sencillo y claro que las firmas especializadas en la elaboración de esos dictámenes se convirtieron en imprescindibles y en beneficiarias de un negocio boyante. Desde que en 1975 EEUU señaló a Standar&Poor's, Moody's -de capital norteamericano- y Ficth -franco-norteamericana- como las únicas calificadoras de sus emisiones, las tres agencias se constituyeron en una especie de monopolio. Hoy en día se reparten el 95% del mercado mundial. En España han triplicado sus beneficios desde el 2006.

Su enorme peso en el escenario financiero y la desregulación norteamericana en este terreno han determinado que las tres agencias se hayan convertido por sí mismas en un gran problema, sobre todo para los estados. Primero, para los que emiten la deuda que está siendo recalificada alegremente. Y segundo, para los que han tenido que tapar con dinero público los agujeros de la crisis que se inició con las hipotecassubprime,cuyos derivados recibieron la máxima calificación de estas empresas apenas unos días antes del estallido.

El Senado de EEUU ha investigado el papel de las tres firmas en el origen de la recesión y es posible que la autoridad bursátil lleve el asunto a los tribunales. La ley no prohíbe que los principales accionistas de las agencias sean fondos de inversión que negocian con productos que ellas califican. Así, Capital Group, con participación decisiva tanto en S&P como en Moody's, fue accionista del Santander y del BBVA, además de tener posiciones en deuda española. Una situación muy semejante a la de los fondos Blackrock -presente hoy en el Santander y en el BBVA- y Vanguard.

El Banco de España aconsejó en el 2010 a las cajas que salieran del capital de la tasadora Tinsa por un evidente conflicto de intereses, una incompatibilidad que hasta la fecha Washington no ha visto en las tres grandes agencias.