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La gestión de los recortes en la sanidad pública

El que pueda esperar, que espere

Jaume Puig-Junoy

Los hospitales han de elaborar una lista de prioridades que se adapte a la reducción de los recursos

Cerraremos camas, despediremos a eventuales, no abriremos quirófanos por la tarde¿ Las respuestas dadas por los hospitales para traducir en cada caso la aplicación del recorte presupuestario público son más bien poco imaginativas y parecen más propias de gestores acostumbrados a administrar el incrementalismo año tras año, que de aquel que tiene que rendir cuentas sobre los resultados en salud que se han conseguido para la población.

Dejando al margen si el recorte sanitario es el correcto, sospecho que probablemente si los hospitales se sometieran a una dosis adecuada y saludable de competencia, su respuesta a un mercado más estrecho y con menos capacidad de gastar sería radicalmente diferente.

No tendría que pasar desapercibido a pacientes y contribuyentes que se hable constantemente de un lado de la balanza -que este año tenemos menos dinero para la sanidad-, ignorando el otro lado de la balanza, la calidad del servicio que ofrecemos al paciente con el dinero que hemos tenido hasta ahora y que no vamos a volver a tener durante muchos años.

Más bien me inclino a pensar que sería más útil para la defensa de una sanidad pública de calidad que no se contrate con nuestros centros sanitarios cuántas puertas cerrarán a los pacientes, sino que se pase a valorar qué capacidad tienen los recursos y el dinero público que les asignamos de mejorar la calidad de vida y de salvar vidas si los gastamos como hemos hecho hasta ahora, y si podemos buscar formas que sin aumentar la actividad consigan mejores resultados en salud.

Aunque sea de forma marginal, hay que pasar de pagar por hacer más visitas al médico de cabecera, al especialista o al servicio de urgencias, o por hacer más radiografías, tacs o resonancias, o por hacer más ingresos y reingresos en el hospital, a pagar, aunque sea una pequeña parte del presupuesto, por la capacidad resolutiva y los resultados en salud. De no hacerlo así, el debate actual es circular y sin fin: si tú me das menos, yo haré menos actividad. Es de sentido común, pero quizá conviene recordar que no destinamos el dinero de nuestros impuestos a la sanidad pública para hacer más visitas al médico, que, por cierto, ya se hacen más de la cuenta, sino para tener más salud y calidad de vida.

Como todo paciente y médico sabe, no todas las visitas, ni todos los medicamentos, ni todas las pruebas ni tampoco todos los ingresos e intervenciones quirúrgicas tienen la misma contribución a la mejora de la calidad de vida y de la supervivencia de los enfermos. El efecto sobre la calidad asistencial y la salud de los pacientes de un presupuesto que se encoge será elevado si se hace de forma casi uniforme u oportunista, sin usar criterios basados en el conocimiento clínico sobre el beneficio o la mejora en la salud que se puede conseguir para cada persona.

No se puede pagar solo por hacer visitas, sino por resolver de modo satisfactorio episodios y problemas de salud. No se puede pagar solo por hacer visitas a urgencias o reingresos en el hospital de personas con problemas respiratorios o con asma, sino por tenerlos adecuadamente controlados con adherencia a sus tratamientos y precisamente evitando que su enfermedad empeore.

La urgencia no puede ser el único criterio para priorizar unas listas de espera engrosadas sin demasiado método. Quiero entender la afirmación de «el que pueda esperar, tendrá que esperar» en el sentido positivo: que hay que elaborar prioridades y que cuando no hay precio, con recursos limitados que hay que optimizar, la lista de espera no es una prueba de fracaso, sino un instrumento de gestión para conseguir el mayor número de años de vida de los pacientes con el presupuesto de que disponemos, al margen de cuánto más bajo sea respecto al del año pasado.

Un modelo de gestión de las listas de espera basado en la urgencia no solo es inadecuado, puesto que puede costar muchos años de vida, sino que a la larga puede acabar encareciendo los costes futuros del gasto sanitario por el agravamiento de los pacientes que se mantienen en lista de espera hasta que el deterioro de su estado de salud sea suficientemente manifiesto como para calificarlos de urgentes.

A finales del año pasado, la Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut de la Generalitat (AIAQS) difundió un interesante informe sobre los criterios de priorización aplicados en unas 30 intervenciones quirúrgicas electivas con listas de espera. Las dos pautas más importantes que se aplicaron a la hora de establecer la prioridad fueron valorar el impacto en la calidad de vida y el riesgo de la espera, por este orden, y después la efectividad de la intervención y el consumo de recursos durante la espera.

Las herramientas de priorización existen, ahora lo que hace falta es una toma de decisiones más basada en conocimiento y menos capturada por el discurso incrementalista.

* Departamento de Economía y Empresa de la UPF y Centre de Recerca en Economía y Salud (CRES).