Funciones, ficciones y fricciones

Puede ser legítimo pero no ejemplar que un grupo de maestros interrumpa la circulación para promocionar su reivindicación. Puede ser comprensible pero no coherente que también lo haga personal sanitario adentrándose en una vía rápida para concienciar del peligro del recorte. Los primeros porque de ellos se espera un comportamiento adecuado a su responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. Los segundos porque conociendo como conocen los riesgos del tráfico rodado actúan de manera incoherente al poner en peligro la vida de personas, empezando por ellos mismos. Pero en estos tiempos alterados esta es la tendencia en materia de protesta. Tan habitual, por cierto, como lo es que las manifestaciones sean preventivas a sabiendas de que, como en la bolsa, su efecto ha sido descontado antes de que se produzcan.

Es cierto que ha sido el propio Govern quien las ha fomentado. No por muy repetido es falso que su incapacidad para minimizar los efectos de los recortes antes de aplicarlos ha sembrado la duda en la ciudadanía. Y no haber sabido informar ha provocado el recelo, cuando no el rechazo, de una parte de aquellos votos prestados a los que tan agradecido estaba el president Mas.

Todo esto permite detectar una renovada incapacidad colectiva para el consenso mientras refleja la falta de actualización del modelo reivindicativo. La suma de factores determina la convulsión. La resta de las limitaciones proyecta el problema de fondo. Entre los errores históricos cometidos, hay uno que ayuda a entender algunas de las cosas que la crisis y sus posibles soluciones han puesto sobre la mesa. A fuerza de hablar de servicio público, defensa social, proyecto común e interés colectivo hemos acabado confundiendo la plaza del funcionario con el servicio en sí mismo.

Y no es eso. O no debiera, por mucho que la ley lo sancione y sus garantías lo rubriquen. La Administración genera un puesto de trabajo que, lo ocupe quien lo ocupe, obedece al interés de la ciudadanía, único dueño y señor del presupuesto que se administra. Pero el servicio público debería residir en esta plaza laboral y no en la persona que lo ocupa, y que denuncia la erosión del sistema para blindar su puesto de trabajo. A causa de esta confusión se entiende que los sindicatos sectoriales impriman panfletos contra la reducción de esos empleos porque afectaría a una parte importante de quienes hacen más seguimiento de sus consignas.

Mientras, sus homólogos en las empresas privadas miran atónitos a quienes dicen defender sus mismos intereses porque a ellos nadie les echa otra mano que la de pintura para la pancarta. Parece lógico, pues, que los casi cinco millones de españoles que, según la EPA, están en paro, procedan de la misma trinchera. La del sector que produce y contribuye en mayor medida a financiar los presupuestos con los que se pagan las nóminas de la Administración y que permiten convenios sectoriales últimamente congelados; cierto, pero aún favorecidos por la garantía del puesto de trabajo, algo que los demás nunca han tenido. Y eso sin hablar de calidad.