Promesa, deuda e inestabilidad

La distancia real entre una promesa electoral y su cumplimiento es su viabilidad. Ni la voluntad de ejecutarla, que se da por sentada, ni su posibilidad, que debe ajustarse a las circunstancias a las que se enfrente el obligado. Y, si no, pregúntenselo a Barack Obama. Del cierre de Guantánamo ha ido saltando por episodios dilatorios hasta llegar a la incertidumbre sobre su mantenimiento. Envuelta la base-cárcel en una maraña judicial tejida por George W. Bush sobre la de sus predecesores, y con la amenaza del terrorismo internacional latente, es probable que el presidente de Estados Unidos no lo tenga tan fácil. Por eso la comparación, además de odiosa, puede ser excesiva. Busquemos otra más cercana: la retirada de las tropas españolas de Irak a las pocas horas de acceder Rodríguez Zapatero a la Moncloa. Celebrada por muchos, la medida tuvo unas consecuencias muy importantes en las relaciones internacionales y especialmente con Estados Unidos. Tantas y tan profundas, que restituir crédito y confianza ha costado lo que no está escrito más el esfuerzo del Ministerio de Defensa vinculándose desde entonces a otros conflictos que también han costado la vida de muchos militares españoles. Y es que el impacto buscado puede cegarnos sus riesgos.

Algo parecido a la polémica catalana del impuesto de sucesiones. Asistimos estos días a la insistencia del cumplimiento de la promesa electoral de su supresión por parte de Artur Mas. Como intención, nada a objetar. Como oportunidad, todo. Porque no se trata de debatir sobre lo justo de la medida por muchos ejemplos que pudiéramos encontrar a favor o en contra. Los resultados electorales avalan la propuesta. Estamos ante una consideración distinta. Una decisión que quiere aplicarse en plena fase de recortes haciéndose incomprensible a la lógica de cualquier persona a la que se machaca con la necesidad de ahorrar por parte de quien desprecia unos ingresos. Por bajos que sean. Y esta es la cuestión. Parece que el Govern se mueve entre unas cifras relativamente escasas con relación al presupuesto de la Generalitat. Como mucho un 1% de los más de 30.000 millones de las cuentas públicas. Visto en global podríamos hablar del chocolate del loro, pero la circunstancia general provoca un efecto particular. Personal, incluso. El del ciudadano pendiente de una intervención quirúrgica al que se pide comprensión por alargar la espera a causa del recorte impuesto por quien renuncia al ingreso. O el parado que lo ha sido por una empresa perjudicada por la rescisión de un contrato de la Administración. O el funcionario con el sueldo rebajado después de habérselo congelado.

La casuística, siendo larga, se hará inmensa a tenor de lo anunciado. Materia de difícil asimilación cuando todo el mundo sabe que se dispone de cuatro años para convertir en hechos lo que se anunció en tiempo de palabras. Nadie sensato con problemas económicos en este país se lanza a despreciar un incentivo cuando le aprietan las necesidades. A no ser que quiera pecar de tozudo, malinterprete el concepto de dignidad o su realidad no sea tan grave como la explica.