Archivos y talonario

Algunos estudios científicos nos informan de la alta probabilidad de que la misma área del cerebro que nos sirve para recordar el pasado sea la que utilizamos para prever o imaginar el futuro. La cruel paradoja y el drama de aquellas personas que pierden la memoria es que se hallan sin futuro y sin pasado, condenados al presente.

Si trasladamos esta hipótesis al ámbito social, la imagen que se nos revela es absolutamente inquietante. ¿Podemos imaginar una sociedad condenada solo a tener presente? Una sociedad sin memoria, impedida, por ello, de poder construir su porvenir.

Consciente de este grave peligro, la humanidad, desde tiempo remoto, ha luchado contra la posibilidad de una amnesia colectiva construyendo depósitos de memoria que aseguraran a las nuevas generaciones la posibilidad de imaginar su futuro. No debe resultar extraño, pues, que en la mayoría de conflictos bélicos el vencedor siempre haya intentado, y aún intente, destruir o confiscar la documentación de su adversario movido por el deseo de impedirle su recuperación. Se trata de que el vencido se encuentre sometido a la situación de aquellos pueblos sin archivos que ven cómo los otros escriben su historia o, lo que es lo mismo, les dictan su futuro.

En este sentido, la documentación custodiada en los archivos sirve, pues, no para una contemplación estática de nuestro pasado, sino para contribuir a la construcción de nuestro mañana colectivo. Y es por esta razón por la que estos servicios, que generalmente son titularidad de las administraciones públicas, no deben acoger solo documentos generados por los entes públicos, sino que deben estar abiertos a recibir múltiples fondos documentales de distinta procedencia.

La obligación de dejar constancia a las generaciones futuras de nuestra actual pluralidad exige a los archivos que fondos documentales producidos por empresas, asociaciones, familias y personas privadas tengan un lugar destacado en sus estantes y que se dedique gran cantidad de recursos públicos a su organización, instalación y difusión. Esta es la gran y responsable inversión desde el ámbito público hacia este patrimonio y en ningún lugar está escrito que desde la Administración se deban dedicar ingentes cantidades de dinero a la adquisición de archivos y fondos documentales privados.

Por ello, nos sentimos orgullosos y valoramos gestos como el deRoser Capdevila,que hace muy pocos días acaba de legar a la Biblioteca de Catalunya gran parte del material creativo vinculado a sustres mellizas,o el de la familiaMiserachs,que ha donado al Macba el archivo del fotógrafo, y, en cambio, asistimos estupefactos a la compra, fruto de negociaciones clandestinas y valoraciones opacas, de una parte del archivo deAgustí Centellesy del mal llamado archivo deCarmen Balcells.Nadie nos ha dicho que aquello que se ha comprado responda a una política diseñada, consensuada y aprobada por parte de los responsables de la cultura del Estado, ni nadie nos ha ofrecido las pruebas objetivas de que lo adquirido deba tener un valor de tres millones de euros.

Las administraciones públicas tienen responsabilidades mayores: construir buenos equipamientos que ofrezcan instalaciones adecuadas para acoger a los distintos tipos de documentos y garantizar su conservación; dotar a estos centros de personal suficiente, y cualificado, para desarrollar todas las labores de organización, que en algunos casos llevan décadas de retraso; establecer e impulsar circuitos de difusión que contribuyan al conocimiento del patrimonio documental y que lo sitúen al mismo nivel del que consumimos cotidianamente procedente de los países que han comprendido, mucho antes que nosotros, que el rol de una cultura se establece, también, a partir del desarrollo de estrategias que favorezcan la comunicación pública tanto de la documentación que hemos heredado como de aquella que producimos en la actualidad.

Las administraciones no están para provocar la competencia ante el ingreso de estos fondos documentales en centros públicos, sino para generar un clima de confianza que facilite el cambio de titularidad desde el ámbito privado a la propiedad colectiva.

Comprar es lo fácil. El uso del talonario tiene escaso interés si lo confrontamos a la existencia de una política de gestión del patrimonio documental bien articulada y tejida a partir de múltiples complicidades. Una política que no esté basada en anticuados tics imperialistas, sino que sitúe en el centro del debate la utilización racional de los recursos públicos y los aleje del enriquecimiento de particulares. Una política de futuro que proponga a los privados un marco de explotación conjunta de sus fondos documentales, que garantice los deberes y los derechos de las partes y que borre del panorama el cómodo recurso a la mejor dotada chequera, alimentada, por cierto, con nuestros impuestos.

* Archivero. Comisionado del Consejo Internacional de Archivos (ICA) para los Archivos Fotográficos y Audiovisuales.