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Una leve insinuación de Leire Pajín, rápidamente neutralizada por la propia ministra, sobre la posibilidad de que se eleve de 14 a 16 años la edad mínima para contraer matrimonio en España ha reavivado un debate recurrente en el que se mezclan cuestiones de tipo sociológico, educativo, cultural e incluso moral. No es fácil encontrar el consenso sobre el momento biológico en el que una persona es lo suficientemente madura como para tomar, aun precisando una autorización judicial, una decisión tan importante en su vida.

Pese a que España es una excepción -la mayor parte de países tienen fijado el mínimo en 16 años, que es lo que recomienda la ONU-,

la realidad es que la cifra de personas que se casan a los 14 o 15 años es bajísima: apenas 342 en la última década. No estamos, pues, ante una situación social que requiera un debate urgente. Pero la declaración de Pajín sirve para recordar que en España varía mucho la edad mínima en que los adolescentes adquieren derechos: a los 13 años, para las relaciones sexuales consentidas; a los 14, para el matrimonio; a los 16, para el aborto y llevar ciclomotores; a los 18, para conducir y votar... ¿Debería tenderse a unificar la edad de estos procesos que implican la entrada en el mundo adulto? Parece lo más razonable y es lo que, sin apasionamientos, deben sopesar sociólogos, educadores, juristas y políticos. Teniendo en cuenta que el mundo es muy cambiante y que una persona de 16 años está hoy más formada que una de esa edad hace solo pocas décadas pero sigue siendo más vulnerable que un adulto y precisa protección.