El efecto de la concentración de la TV privada

Berlusconi gana audiencia

El único interés de la patronal Uteca es la desaparición de la competencia informativa y comercial

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Berlusconi gana audiencia

MONRA

Una de las novedades informativas del cambio de año ha sido la fusión --por absorción-- de las cadenas televisivas Telecinco y Cuatro. Las consecuencias de la operación no se limitan a la desaparición del canal de información CNN+, al trasvase de presentadores o a los coyunturales ajustes en la programación. Se trata de un movimiento empresarial con repercusiones evidentes para la estructura de la comunicación en España. De entrada, disminuye la influencia informativa del grupo Prisa, un actor principal del sistema audiovisual español desde la concesión por parte del Gobierno deFelipe Gonzálezdel primer canal de televisión codificado, de la creación de Canal Satélite Digital y de la primera guerra digital a cuenta de los derechos del fútbol que libraron, a mediados de los 90, el grupo deJuan Luis Cebrián,por una parte, y Antena 3 y la CCRTV por otra.

Con la fusión actual, el grupo italiano Mediaset, hólding controlado por Fininvest, accionista de referencia de Telecinco y propiedad deSilvio Berlusconi,asume el control directo de una cuota de pantalla muy próxima al tope legal del 27%, además de los programas de cada uno de los respectivos múltiplex de TDT: La Siete, Factoría de Ficción y Boing más las frecuencias de Cuatro. Ahí es nada. Sin duda, Cuatro es el fichaje de invierno deSilvio Berlusconipara dominar la liga española de la información, incluida Catalunya, a pesar de la fortaleza de TV-3 y de la existencia del CAC que, como sabemos, no tiene competencias sobre los canales de emisión alóctona, aunque de recepción y consecuencias socioculturales autóctonas.

La otra novedad, avanzada a finales del 2010, es la ofensiva de Uteca, patronal de las televisiones privadas españolas, contra las autonómicas de titularidad pública, una vez sometido y derrotado en el terreno comercial el grupo RTVE. Una ofensiva ejecutada en dos frentes envolventes. Por una parte, la denuncia de Uteca del incumplimiento de las funciones de servicio público por parte de las autonómicas. Y, por otra, la crítica a su elevado coste económico.Alejandro Echevarría,presidente de Uteca -¡en calidad de presidente de Gestevisión Telecinco!- insiste en sus foros escritos y audiovisuales, que son muchos, en que la situación de las televisiones públicas es insostenible y que es imprescindible arbitrar un mecanismo equivalente al que se estableció en RTVE para limitar su actividad comercial.Echevarríaoculta hábilmente que las televisiones privadas recibieron una concesión estatal «para la gestión indirecta del servicio público de radio o televisión», obligación que se incumple en la práctica.

Es prerrogativa del Gobierno exigir el cumplimiento de esa cláusula como suponemos que se hace con los centros escolares u hospitales concertados que basan su actividad en una concesión semejante en su naturaleza jurídica y su objetivo social. Pero, al parecer, el único interés de Uteca es la desaparición de una parte de la competencia informativa y comercial. En este contexto, el reto de las televisiones públicas radica en elaborar un nuevo modelo empresarial de acuerdo con las recomendaciones de la UE y especialmente las referentes a la contabilidad analítica y a la redefinición del concepto de servicio público. La televisión autonómica del futuro no puede ser igual a la del pasado, ciertamente, pero tampoco debe serlo la privada. Uteca, como es lógico, actúa como lobi de influencia en su afán de conseguir una deslegitimación de la oferta pública de acuerdo con una versión anoréxica del sector público de la comunicación. Forta y los parlamentos de los que dependen las respectivas televisiones autonómicas deberían defender la existencia de un modelo audiovisual público como fortaleza ante los desmanes neoliberales.

No solo están en juego matices informativos y usos lingüísticos, sino un modelo de desarrollo socioeconómico. TV-3, por ejemplo, es el motor de arrastre de una parte de la actividad productiva de las industrias culturales del país, con repercusiones en esferas como la literatura, el teatro, el cine, el deporte o la cultura popular. Más allá de las funciones informativa e institucional, las televisiones públicas deben asumir su función industrial para elaborar un producto diferenciado en su entorno competitivo.

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Aquello que no se redefina desde la política, lo será desde el mercado, que aplicará su propia lógica. La ley general del audiovisual recoge, por ejemplo, la creación de un Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales como organismo regulador del sistema audiovisual. El diseño de sus competencias y funciones es una batalla política de primer nivel. Y no será menor su articulación con el Estado autonómico y los conceptos de emisión y recepción territorial de los que hablábamos. La posición dominante de Mediaset en el espacio público sería una razón suficiente para fortalecer las opciones públicas autonómicas. Pero quizá algunos prefieran una España berlusconizada antes que autonómica.

Periodista.