Opinión | Editorial

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La agencia Moody's nos pone firmes

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La agencia de calificación Moody's advirtió ayer de la posibilidad de rebajar la calificación de la deuda española. Esta compañía ya revisó a la baja el rating español en septiembre, siguiendo así el camino que Fitch y Standar & Poor's ya habían tomado en abril y mayo. Es verdad que todo el mundo cuestiona a estas agencias por su ligereza y por su fracaso estrepitoso al no prever el fiasco de las subprime, el inicio de la crisis. Hasta muy poco antes de su estallido, las tres agencias habían otorgado las calificaciones más altas a productos financieros que se apoyaban en las hipotecas que los norteamericanos pobres dejaron de pagar en el verano del 2007. Pero, aun así, estas firmas elaboran indicadores aparentemente indispensables para orientar a los mercados, que no han dejado de moverse al son que toca este singular trío.

Los tres ejes básicos en los que se apoya la revisión de la calificación española son la deuda de las comunidades autónomas, la lentitud de las reformas estructurales en marcha y la salud del sistema financiero. Todo ello podría añadir dificultades a la refinanciación de la deuda pública y privada de España para el año próximo, que Moody's cifra en 290.000 millones. A pesar de que hay sospechas más que fundadas de que estos analistas han hecho su trabajo sin tener en cuenta las últimas medidas del Gobierno -privatizaciones, adelanto del calendario de la reforma de las pensiones, aumento del control de las finanzas autonómicas-, todo el mundo se dio prisa ayer en responderles. La bolsa acabó cerrando con una caída de 1,5 puntos en una jornada mala para toda Europa, aunque menos que aquí, pero la cotización de la deuda apenas se movió. Elena Salgado contestó a Moody's con la convocatoria adelantada al lunes próximo de la exposición por las comunidades autónomas de sus finanzas trimestrales. Los partidos del Pacto de Toledo alcanzaron un principio de acuerdo para ampliar la base de cálculo de las pensiones más allá de los 15 años actuales. El mensaje que se quiere transmitir es que España actúa con celeridad y transparencia. Porque las agencias, que a partir de mediados del 2011 podrán ser multadas por la UE si incurren en conflictos de intereses u otros delitos, aún dictan las reglas del mercado.