Wikileaks, la ministra y el doblaje

Gracias a la desinfectante garganta profunda que hay tras Wikileaks, hemos sabido que la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, dijo al embajador de EEUU en España, Alan Solomont, que la ley catalana del cine era "antinatural y desequilibrada», en una reunión que mantuvieron en febrero. El informe señala que la ministra de todos los españoles --se supone que al margen de la lengua que hablan- opinó que el doblaje o la subtitulación al catalán del 50% de las películas destinadas a exhibirse en Catalunya era «arriesgado» porque «incluso los catalanohablantes prefieren ver películas en español». Según la versión del embajador, la ministra --y cineasta-- señaló que las majors cinematográficas (Fox, Paramount, Sony, Universal y Warner Bros), las distribuidoras y los exhibidores se oponían al proyecto, por lo que dudaba de que la ley se aprobara bajo el mandato del presidente Montilla. A pesar de sus reticencias, la norma fue refrendada en junio, y acarreó el tradicional recurso de inconstitucionalidad del PP.

El desprecio de la ministra por el catalán contrasta con sus lamentos sobre el incierto futuro de la lengua española en el mercado norteamericano expresados en la clausura --junto a Juan Luis Cebrián (Prisa) y Pere Portabella (Fundación Alternativas)-- del II Foro de Industrias Culturales en Español, donde se debatieron las posibilidades de las empresas hispanas en EE UU. Se trata de la misma doble vara de medir que exhiben los jacobinos franceses al enjuiciar de distinta manera a los hablantes franceses del bretón o el catalán y a los francófonos del Canadá. La señora ministra prefiere alegrar los oídos de las majors a velar, como exige la Constitución española en su artículo tercero, por «la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España». Wikileaks demuestra que la tecnología entierra viejos conceptos acerca de la comunicación y la política. Deberíamos sacar conclusiones.