Europa confusa y convulsa

La situación en Francia es la expresión de un conflicto, aún difuso y no articulado, que se está fraguando en toda Europa. Tiene su origen en el sentimiento de injusticia en el reparto de los esfuerzos que han provocado las medidas de los gobiernos para superar la crisis. La anunciada refundación del capitalismo se ha quedado en nada. Los compromisos de mejor regulación del sistema financiero, de control de los paraísos fiscales -a los que sería más lógico llamar sumideros fiscales-, de establecimiento de una tasa internacional que grave los flujos de capital o la armonización de la fiscalidad europea no llegan.

En cambio, se generalizan medidas de ajuste y reducción de derechos que provocan un incremento de las desigualdades. Cuando se vaticinaba un mayor control de la economía y los mercados por parte de la sociedad y la política, la realidad que se impone es la contraria. Las resistencias de los gobiernos a actuar coordinadamente aumentan las dificultades de la política ante una economía globalizada. Y esos límites, reales pero no deterministas, son utilizados por los gobiernos para justificar la orientación de sus políticas, cada vez más marcadas por la exigencia de rentabilidad de los mercados. Esta sumisión de los estados y las justificaciones que se ofrecen están provocando efectos colaterales graves en términos democráticos. Propician una percepción de inutilidad del Derecho y la política para regular las relaciones e intereses sociales, se generan sentimientos de resignación e impotencia de la ciudadanía y se deslegitima la democracia y sus instituciones.

Como ha sucedido en otros momentos de la historia, la respuesta inicial a la injusticia no está siendo un conflicto social organizado que consiga reformas justas. Las reacciones están siendo complejas, confusas y en ocasiones socialmente peligrosas. Están apareciendo ideas corrosivas en términos de civilización. Algunos derechos sociales, como el empleo estable, que no permanente, son presentados como privilegios. Se confronta a colectivos sociales entre sí cuando se presenta a los trabajadores de más edad y con derechos como los culpables del paro y la precariedad que sufren los jóvenes. O a los inmigrantes como los culpables de la insuficiencia de servicios públicos o del colapso que sufrimos todos. En el fondo de estos planteamientos subsiste implícitamente una idea insolidaria. Se pretende que los costes de la crisis se repartan solo entre una parte de la sociedad. Aquellos que obtienen principalmente sus ingresos de las rentas de su trabajo personal, sean asalariados, autónomos, pequeños empresarios o pensionistas. Y que las elites que obtienen sus ingresos a partir de los beneficios del capital o de su estatus de nomenclatura en grandes corporaciones privadas queden al margen de los esfuerzos para superar la crisis. De ahí la agresividad, tanto en Europa como en EEUU, con que estas elites responden a las medidas de algunos gobiernos, por muy moderadas que sean. Las virulentas reacciones ante las propuestas de regular mejor la fiscalidad sobre el capital han llevado a los gobiernos a limitar sus políticas fiscales a la reducción del gasto público y el incremento de la fiscalidad sobre el trabajo o el consumo.

Mientras, las respuestas sociales no se presentan articuladas. En muchas personas aparece el espejismo del sálvese quien pueda. Algunos poderes económicos, políticos y comunicativos propician y promueven reacciones de los sectores más afectados por la crisis contra los que están aún más abajo en la escala social, los inmigrantes, por ejemplo. Con comportamientos que no son solo xenófobos, sino claramente clasistas. En algunos países, las organizaciones sociales caen en el espejismo de salidas locales a la crisis.

El resultado -de momento- es un conflicto social difuso y confuso al que le cuesta articularse, tanto en las propuestas como en la manera de defenderlas.

Y desde Francia nos llegan señales contradictorias. De un lado, aparecen relatos sociales compartidos en positivo. Los jóvenes gritan que cuando más tarde se jubilen sus padres, más van a tardar ellos en poder trabajar. Un mensaje que advierte a toda Europa de la profunda contradicción entre las reformas del mercado de trabajo y de las pensiones que se quieren imponer. De otro, la negativa deSarkozya la negociación puede conducir a un enquistamiento del conflicto, que puede restar adhesión social a las protestas y no es seguro que propicie salidas más justas y progresistas.

A Europa en su conjunto le interesa que el conflicto social en Francia se canalice con reformas del sistema social en positivo. Interesa a los que sufren las injusticias de los ajustes, pero interesa también a quienes quieren conservar el sistema económico y social en lo fundamental. En caso contrario, como ha sucedido en otros momentos de la historia, el conflicto puede conducir a una alta corrosividad de la sociedad en términos de civilización y a un retroceso de la convivencia democrática. Profesor de Derecho de Esade.