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EDITORIAL

Canon digital: fallo salomónico de la UE

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la legalidad del canon digital  ha tenido la virtud de satisfacer, aunque moderadamente y en distinto grado, a las partes enfrentadas en un tema objeto de viva polémica en toda Europa y de forma especial en España. Si bien el fallo desautoriza el cobro del canon a empresas y profesionales pero legitima que se aplique a los particulares, las asociaciones de consumidores y de internautas lo han interpretado como una victoria también suya en la medida en que abre una brecha en la estrategia de la Administración de imponer ese gravamen con carácter universal y sin matices.

El canon fue concebido para compensar a los propietarios de derechos de autor (músicos, cineastas, escritores, creadores en general...) por las copias privadas gratuitas de sus obras que la expansión de las tecnologías digitales ha puesto al alcance de cualquier ciudadano. Pero al implantarse llevaba el germen de la arbitrariedad, porque consideró a todo comprador de un soporte informático un presunto delincuente al que hay que hacerle pagar por adelantado por una copia que quizá nunca llegue a existir y con la que en todo caso no comerciará. Y en España, donde la cultura del gratis total tiene lamentablemente no pocos adeptos, eso era campo abonado para el rechazo.

El fallo europeo es importante porque avala la razón de fondo que asiste a quienes ven con impotencia cómo su trabajo circula  de mano en mano -o de ordenador en ordenador- sin recibir ninguna compensación. Pero obligará a armonizar normativas en los 22 países de la UE que tienen algún tipo de gravamen digital y a intentar la búsqueda de una fórmula más justa y equitativa que el simple canon para todos. Y adicionalmente debería servir para impulsar la venta de productos culturales a través de internet, una asignatura pendiente de entidades de gestión de derechos aún instaladas en esquemas anteriores a la revolución digital.

No hay que olvidar tampoco que el origen del caso es la demanda de una simple comerciante minorista de Barcelona. Que su iniciativa haya desembocado en un importante fallo del Tribunal de Justicia de la UE debe reconciliar a los ciudadanos con la difícil construcción de Europa.

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