Opinión | editorial
Corrupción en Ciutat Vella
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Amedida que se conocen nuevos datos delsumario del caso de corrupción en Ciutat Vella, en el que está implicado el funcionario municipal Heliodoro Lozano, aumenta la inquietud por las responsabilidades que pueden alcanzar al propio Ayuntamiento de Barcelona, al menos por inhibición.
El caso se descubrió a raíz del cierre de los prostíbulos Riviera y Saratoga, de Castelldefels, porque uno de los implicados, el ingeniero Joaquim Quílez, era el cómplice del funcionario en la agilización de licencias de actividad para pisos turísticos, restaurantes y un hotel, a cambio, presuntamente, de dinero. Por estos hechos han sido imputados por ahora 25 empresarios del sector del ocio y el número de licencias irregulares asciende a 82. Seguramente, no es casualidad que Lozano perdiera su poder como jefe de servicios técnicos en Ciutat Vella coincidiendo con la llegada al distrito de la exconcejala Itziar González, que dimitió tras una insobornable labor para regular precisamente hoteles, locales de ocio y pisos explotados ilegalmente como apartamentos turísticos.
Lozano fue, sin embargo, trasladado en junio del 2008 a Urbanismo y en marzo del 2009 a Nou Barris hasta que fue detenido en diciembre de ese año. ¿Nadie en el ayuntamiento sospechó de él antes de Itziar González? Se da la circunstancia de que Lozano había sido ya denunciado ocho años antes por un abogado por abuso de poder. Además de la investigación judicial, el ayuntamiento debe aclarar también la presunta implicación en el caso de consejeros de distrito de varios partidos.
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