07 ago 2020

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El recorte del Estatut y el futuro de Catalunya

Después de la manifestación

Antoni Segura

La salida a la encrucijada en la que se encuentra España solo es posible con un nuevo pacto político

El día siguiente a la manifestación más multitudinaria celebrada en Catalunya es difícil, porque, a partir de ahora, habrá un antes y un después del 10 de julio del 2010. La indignación provocada por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) desbordó todas las previsiones. Era una indignación transversal, compartida por casi todos los ciudadanos de Catalunya con independencia de las opciones políticas de cada uno. Era la indignación de la ciudadanía, de todo un pueblo con sus instituciones apoyándole. Gestionar el capital acumulado el sábado no será fácil.

Si algo resulta evidente es que el escenario político ha cambiado. Con respecto a Catalunya, el sistema autonómico parece que ha dado ya de sí todo lo que podía dar. Esta es la principal conclusión política que se desprende de la sentencia del TC y del masivo rechazo que ha provocado entre los ciudadanos de Catalunya, que consideran que su decisión ha sido menospreciada. Ahora el problema que se plantea no es legal, sino político. La salida de esta encrucijada en la que se encuentra España solo es posible a partir de un nuevo pacto político –la sentencia ha hecho saltar por los aires el de 1978– entre España y Catalunya.

Desde Catalunya, las opciones son dos: o un nuevo pacto para definir un nuevo encaje de Catalunya en España, basado en una concepción plurinacional y federal del Estado, o un largo y difícil camino hacia la independencia. Aunque el reconocimiento de la plurinacionalidad tiene aún un camino más difícil, ya que el PP rechaza frontalmente cualquier planteamiento federal y el PSOE no parece tener ningún interés en defenderlo. El nacionalismo español mantiene mayoritariamente una concepción centralista del Estado que excluye radicalmente cualquier manifestación diferencial.

Ahora, a poco más de cuatro meses para las elecciones, los partidos catalanistas tendrán que ajustar su discurso al nuevo escenario político creado por la manifestación. No lo tendrán fácil, puesto que después de la sentencia entramos en un terreno desconocido, porque tanto la independencia como un nuevo encaje en España satisfactorio con las aspiraciones de autogobierno exigen transitar por caminos hasta ahora inexplorados. El respeto a la voluntad de los ciudadanos, libremente expresada, que exigían todos los que se manifestaron el sábado más allá de cualquier opción partidista, habrá que reclamarlo con fuerza por boca –y por el sentido de los votos– de los parlamentarios catalanes en Madrid. Esto requiere mantener la unidad lograda el sábado y, por tanto, bueno sería que, antes de entrar en la vorágine de la campaña electoral, existiera un consenso. Habrá que ver si nuestros políticos, a menudo afectados por un elevado grado de autismo, están a la altura de las circunstancias.

Pero la ciudadanía y la sociedad civil no pueden quedar al margen del nuevo impulso que se abrió el sábado. Especialmente en momentos de grave crisis económica resulta más necesaria que nunca la implicación de la sociedad civil, ya que sería suicida sustituir el proceso de construcción nacional por un debate político de largo e incierto recorrido. Como demuestra la historia de Catalunya, el proceso de construcción nacional no siempre ha contado con las mejores circunstancias políticas. Es más, con frecuencia ha sucedido todo lo contrario, puesto que, en términos de crecimiento económico y de cohesión social, algunos de los avances más importantes se han producido en circunstancias políticas muy difíciles que incluso amenazaban la pervivencia de Catalunya como nación.

En conclusión, la labor a partir de ahora es ardua y exige el compromiso de todos. La elaboración de un discurso político, adaptado al nuevo escenario creado por la mutilación del Estatut y el menosprecio de la voluntad popular, es responsabilidad de la clase política. La creación de unas nuevas bases de crecimiento económico basadas en la aplicación de nuevas tecnologías y en la incorporación de nuevos conocimientos (y aquí Catalunya sufre un déficit notable en inversión en I+D+i y en la mejora del sistema educativo), de salvaguarda de la lengua y la cultura, de fortalecimiento de la cohesión social ante las desigualdades sociales y económicas que está generando la crisis, exigen no solo el compromiso de los partidos políticos, sino también de los sindicatos, de los empresarios, de la sociedad civil y de toda la ciudadanía.

A veces se olvida que el primer paso de cualquier proceso de construcción nacional, que no es algo ocasional, sino de largo recorrido, es la satisfacción –el orgullo incluso–de los ciudadanos de formar parte de una sociedad en la que es posible la realización personal y la mejora social. Las facilidades de promoción social han sido una de las constantes del fet català, un verdadero ascensor social que facilitaba la cohesión social y favorecía la incorporación de nuevos catalanes. Pero hace tiempo que el ascensor renquea y habrá que poner todo el empeño en su reparación para emprender con garantías de éxito la nueva y difícil etapa política que ahora se abre.

Catedrático de Historia Contemporánea de la UB.