Cuatro años de política lingüística (o no)

A Miquel Siguan, in memóriam.

La octava legislatura del Parlament toca a su fin y es hora de hacer balance. En materia de política lingüística el panorama no es especialmente halagüeño. El secretario de Política Lingüística, que es el supuesto máximo responsable político del área, se ha tomado el cargo más como una sinecura que como un reto y su gestión (si es posible utilizar este término en su caso), se ha caracterizado por una inoperancia característica. Si uno mira ahora el documento programático suscrito por PSC, ERC e ICV-EUiA en el 2006, se da cuenta inmediatamente de los escasos logros obtenidos: ni se ha desplegado el Estatut respecto a las políticas lingüísticas, ni se ha promovido la aprobación de una ley de lenguas por las Cortes que incorpore el catalán a los símbolos e instituciones del Estado, ni se ha conseguido que el catalán sea una lengua europea «a todos los efectos», ni se ha mejorado su posición en ámbitos como la Administración de justicia, donde el porcentaje de sentencias redactadas en catalán de hecho ha retrocedido en los últimos cuatro años. Puestos a no hacer,Bernat Joanni siquiera ha reformado el papel del Consell Social de la Llengua Catalana, que sigue siendo un ente invisible que difícilmente cumple su teórico papel de organismo de «participación social» en la política lingüística del Govern.

A pesar de este relativo fiasco, la octava legislatura también ha deparado algún resultado positivo. La relativa pachorra deBernat Joancontrasta con el tesón de los responsables de otras áreas que tienen un posible alcance lingüístico. Entre estos, cabe destacar el papel deOriolAmorósal frente de la Secretaria per a la Immigració. AAmorós, un político tan prudente (¿alguien le ha oído hablar del burka?) como trabajador, es debido reconocerle la capacidad de movilizar los recursos políticos necesarios para que el Parlament pudiera aprobar una ley tan sensible como es la de acogida de las personas inmigradas.

El artículo 9 de esta ley dice todo lo que hay que decir. Los extranjeros inmigrados, a lo largo del proceso de integración en la sociedad catalana, deben alcanzar las competencias lingüísticas básicas tanto en catalán como en castellano. Aquí es bueno destacar el ejercicio de realismo sociolingüístico de un militante de ERC comoAmorós: las competencias básicasen castellano,que es la lengua habitual de la mitad de la población, también forman parte de la integración en la sociedad catalana. Una vez proclamado este principio de bilingüismo, la ley establece un orden de aprendizaje: los servicios de primera acogida ofrecerán formación en lengua catalana en primer lugar; la formación en lengua castellana vendrá a continuación y solo para las personas que lo soliciten o lo requieran. En este punto, la ley suscribe un principio discutible según el cual las lenguas se aprenden de una en una, pero el orden establecido tiene una base sociolingüística clara, que solo la miopía política deliberada que practican sus partidos les impide apreciar aAlicia Sánchez-Camacho yAlbert Rivera. En Catalunya hay dos o tres centenares de miles de extranjeros inmigrados que no requieren formación en castellano por la simple razón de que ya lo conocen. Sea o no su lengua materna, prácticamente todos los ecuatorianos, bolivianos, colombianos, peruanos, argentinos y demás latinoamericanos que residen en Catalunya tienen un conocimiento funcional del castellano. Por lo demás, más allá de su posible origen latinoamericano, es de sobras conocido que en el conjunto de personas extranjeras el conocimiento del castellano está mucho más extendido que el del catalán. Los datos de laEncuesta de condiciones de vida y hábitos de la poblacióndel 2006, de laEncuesta demográfica del 2007o de laEncuesta de usos lingüísticos de la poblacióndel 2008 son unánimes en este aspecto.

Si algo le sobra a la ley de acogida de las personas inmigradas es el calificativo de «común» aplicado a la lengua catalana («El català és la llengua comuna per a la gestió de les polítiques d'acollida i d'integració»). Para empezar, el concepto de «lengua común» ni siquiera es estatutario. Pero lo peor que puede suceder es que este precedente legislativo sirva para introducir la «lengua común» en futuros productos legislativos o, incluso, en el horizonte sociolingüístico de Catalunya. Pues no: el concepto de lengua común es un invento jacobino que ha servido históricamente de coartada ideológica para alcanzar la homogeneidad lingüística de los estados-nación surgidos después de la Revolución Francesa. Los que rechazamos que el castellano sea la lengua común de España también debemos rechazar que el catalán sea la lengua común de Catalunya. Como decía nuestro añoradoMiquel Siguan, cuya pérdida acaso no hemos ponderado como se merece, el proyecto de construir comunidades políticas sobre historias, lenguas o religiones comunes es un proyecto fracasado. Y como se encargó de recordarIgnasi Vilaen la reciente ceremonia de concesión del premio Linguapax aSiguan, esta reflexión vale tanto para los estados actuales como para las naciones que aspiran a alcanzar su propio Estado.

Profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB