La ejecución del Estatut

Si no lo remedia algún fenómeno de la naturaleza –la política, huérfana de fenómenos, se ha revelado impotente–, el Tribunal Constitucional iniciará esta semana la ejecución pública del Estatut. La pena capital se aplicará a cámara lenta y mediante la técnica más lacerante: el reo sufrirá sucesivas mutilaciones, para deleite del público y espanto de los familiares, hasta que expire el último hálito.

Tras cuatro años de conspiraciones, recusaciones, deliberaciones y reuniones en la Maestranza, los 10 magistrados han renunciado a alumbrar una sentencia de amplio consenso y solidez jurídica. En su lugar, el ala conservadora y el (llamado) sector progresista han acordado votar uno a uno los preceptos sujetos a disputa. Si hasta ahora el frágil equilibrio de fuerzas impedía dictar sentencia, la metodología ideada por la presidenta, María Emilia Casas, consagrará las tesis del bloque anti-Estatut: los cinco jueces conservadores y Manuel Aragón, nombrado por el Gobierno socialista.

La prorrogada presidenta, reacia a emplear en favor del Estatut el voto de calidad inherente a su cargo, cede así el papel de árbitro a Aragón, a sabiendas de que al hacerlo levanta el acta de defunción del texto aprobado en referendo. ¿Por qué?

La ofensiva catalana para forzar el relevo de los jueces caducados y posponer así el fallo ha generado un gran malestar en la institución, que clama venganza. Para prestigiar in extremis su agotado mandato y el de sus compañeros de viaje, Casas ha hallado el modo de reconciliar a la minoría progresista con el sector afín al PP. Eso sí, a costa de infligir un severo castigo a Catalunya y sus anhelos de autogobierno.

La dignidad de los jueces

Así pues, habrá que fijar la lupa en la conducta de los magistrados que se postulaban como valedores del Estatut e incluso, en algún caso particular, de los intereses catalanes. ¿Serán cómplices de esta vendetta contra Catalunya o dimitirán para no legitimarla? No solo está en juego la dignidad catalana; también la de los jueces cabales del Constitucional.