10 abr 2020

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La reforma laboral, a debate (4)

De desengaño en desengaño

Josep González

Es una obligación política y colectiva redefinir el marco legal, y cada día que pasa es más urgente

La reforma laboral tiene como punto positivo que finalmente alguien se ha decidido a mover ficha en una situación que ya clamaba al cielo. Forzado por nuestros socios europeos y por las máximas instituciones económicas mundiales, el Gobierno ha actuado. Lástima que lo haya hecho tan tarde. Esperemos que acabe bien, es decir, que logremos hacer una reforma que vuelva a generar expectativas.

Vayamos por pasos. Tanto los términos concretos como el alcance de la reforma laboral que nos han propuesto en diferentes documentos distan de lo que requieren las economías modernas y competitivas y de lo que sugieren, no solamente a nivel internacional, sino también grupos de expertos economistas españoles y el propio Banco de España. El mismo presidente del Gobierno ha reconocido que la reforma laboral era necesaria desde hace dos décadas. A lo largo de estos años, la economía ha experimentado un vuelco extraordinario en casi todos los ámbitos, mientras la regulación del mercado de trabajo quedaba prácticamente al abrigo de cualquier actualización sustancial que nos habría puesto en sintonía con el resto del mundo desarrollado.

EN LA ÉPOCA de bonanza económica, cuando era más fácil hacer los deberes, nadie tuvo la valentía de abordar la reforma. Hacerlo en plena crisis seguro que no es el mejor momento, pero toca pagar el pecado de la pereza con una penitencia: reformar se hace mucho más difícil porque existe la creencia de que lo único que se hará será empeorar las cosas. Al percibirse los posibles efectos más dramáticos de la reforma, entonces se plantea de menor alcance que el necesario, lo que a su vez acelera la urgencia de una reforma en profundidad, y así estamos instalados en una espiral negativa que puede situarnos fácilmente a las puertas del colapso y del fracaso colectivo.

La reforma parece que intenta quedar bien con todos y corre el peligro de no dejar contento a nadie. El decreto ley del Gobierno es insuficiente y poco desarrollado, y le falta coherencia interna y valentía. Algunos ejemplos nos permitirán ilustrar sus debilidades. Así, la solución para la reducción del contrato temporal pasa por aumentar de forma progresiva la indemnización de 9 a 12 días. Arreglar las cosas con penalizaciones es un método obsoleto que no acostumbra a funcionar. Si queremos reducir el número de contratos temporales debemos convencer a los empresarios de que regular las plantillas será menos caro y más fácil, más flexible.

No se contempla el contrato indefinido con indemnización progresiva, que sería la herramienta idónea para tratar de manera decidida la vocación hacia ese tipo de contrato. Se vuelve a incidir, por una parte, en la errática política de bonificaciones a la contratación, cuando está más que demostrada su ineficacia y, por otra, en una generalización ¿parece que más amplia en la última versión¿ del contrato de fomento, que ya ha demostrado su incapacidad para solucionar el principal problema de nuestro mercado de trabajo: la dualidad contratación indefinida versus contratación temporal.

A pesar de modificaciones de última hora extendiendo el cargo del pago de ocho días del Fogasa a todos los contratos ordinarios, sigue sin haber rebaja del coste de la indemnización, que acabarán pagando los empresarios con sus aportaciones incrementadas a dicho fondo. Más base de maquillaje ante las imperfecciones que se apreciaban.

La regulación del despido por causas objetivas es insuficiente y presenta, si no se concreta más, problemas de aplicación práctica.La modificación colectiva del trabajo continúa con planteamientos muy intervenidos y una novedad preocupante que invita a las pequeñas empresas que no tienen representación sindical a solicitar los servicios de los sindicatos de sector más representativos, hasta un máximo de tres representantes. Una vieja aspiración sindical de penetrar en el tejido de las pequeñas empresas. Se puede llegar a dar el caso de que una empresa tenga tres trabajadores y que estos soliciten la mediación de igual número de representantes sindicales que trabajadores tiene la empresa.

TAMPOCO se demuestra voluntad de modificar el sistema de prestación por desempleo de manera que se incentive la búsqueda activa de trabajo y su enlace ineludible con la formación.

Además, en el tratamiento de la negociación colectiva se ha perdido la ocasión de contemplar un trato específico a las particularidades de las millones de pymes, sensibilidad que pide la Unión Europea a través del programa SBA (Small Busines Act).

Con este panorama, y aunque hay aspectos positivos, como las medidas para favorecer la ocupación de los jóvenes, dudamos de que la propuesta de reforma sirva para que los mercados, las instituciones y los empresarios recuperen la confianza en la economía española. Ahora queda la negociación parlamentaria. Es una obligación política y colectiva redefinir el marco laboral, y cada día que pasa es más urgente. Rapidez y valentía, no fuera que sumáramos un desengaño más, que ya vamos servidos.

*Presidente de Pimec