Los otros 'sin papeles'

Castells aprieta, pero no ahoga. Anteayer, desde el Govern se nos advertía de que el denostado impuesto de sucesiones podría pagarse en dos años. No he oído aún ninguna justificación oficial sobre la inconveniencia profunda de ese impuesto. En todo caso se ha explicado esa posibilidad de aplazamiento del pago del dichoso impuesto por la dificultad de vender un inmueble en tiempos de crisis. De alguna manera, el Govern viene a admitir que la mayoría de ciudadanos que deben tributar ese impuesto genuinamente catalán no son precisamente las grandes fortunas. Al fin y al cabo, un contribuyente pudiente, heredero de herederos, no debería angustiarse por no poder vender una de sus propiedades. En cambio, esa inquietud sí que altera la vida de los hijos de las clases ahora dichas «medias» y que antes eran simplemente la clase trabajadora. Los trabajadores de antaño tenían una cierta capacidad de ahorro. A fuerza de ahorros, compraron sus pequeñas propiedades, y ahora, sus hijos, que tienen como futuro el paro y la incertidumbre, se encuentran con la evidencia de que heredar ha dejado de ser un privilegio de ricos para ser un castigo de pobres.

En resumidas cuentas: la ley no se ha adaptado a la realidad. El impuesto de sucesiones, más allá de su discutible moralidad, se basa en una sociedad hermética, de clases estancas y en la que los propietarios eran los únicos que podían aspirar a ampliar sus propiedades. Hoy las cosas ya no son así. La propiedad se ha convertido en un universo micronésico siempre pendiente de los vaivenes hipotecarios o de la arbitrariedad de la banca. Sin embargo, la ley que rige el impuesto de sucesiones –que ya ha sido cuestionada en otras comunidades autónomas– sigue aplicándose de forma automática en la medida que significa una fuente tradicional de ingresos a las arcas. No es de extrañar que, ante esa cacofonía entre burocracia y realidad, haya gente que considere que la España de las autonomías acaba siendo perjudicial. De ahí que, una vez más, se prepare una campaña en los autobuses urbanos contra el impuesto de sucesiones. ¿No se anunció en esos vehículos que Dios no existía? Pues tal vez ha llegado la hora de un nuevo sacrilegio y escribir que el impuesto de sucesiones es un robo.

Por un lado, papeles. Por el otro, los hechos. Lo delcaso Millet es una anécdota comparado con otros hechos sangrantes. Por lo visto, la esposa de uno de los bomberos que murió en la extinción del incendio de Horta de Sant Joan tendrá dificultades en recibir la pensión de viudedad. Efectivamente, las parejas de hecho han de demostrar que realmente lo son. Me cuentan que el bombero muerto y su no-esposa eran padres de un par de gemelos que ahora tienen 4 años. Cabe suponer que en estos casos la convivencia puede ser de cinco años o más. Pero una vez más, la burocracia acaba, a fuerza de retórica y de papelería, con los beneficios del Estado del bienestar.

En este país en el que podemos adoptar y testar en beneficio de nuestro propio perro, la burocracia exige unas comprobaciones dolorosas. La realidad ha ido cambiando. Ya no es cierto que el primogénito herede la hacienda, que el segundo sea militar y que el tercero forme parte del clero. Hoy la gente se da su afecto y comparte sus hijos sin el trámite de unos papeles. Así es la vida. Pero así es también la muerte. Y algo nos dice que quienes no puedan demostrar su condición de viudos se quedarán sin pensión. Pero si quieren la casa familiar, el impuesto de sucesiones les estará esperando.