Ibarretxe, al banquillo

La decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de abrir juicio oral contra el lendakari Juan José Ibarretxe y los dirigentes socialistas vascos Patxi López y Rodolfo Ares por haberse reunido con representantes de la ilegalizada Batasuna supone una inaceptable intromisión de los jueces en el terreno de la política. Y lo peor es que se hace con una orientación claramente partidista, con desprecio de la jurisprudencia del Supremo y con un único objetivo político: ver sentados en el banquillo de los acusados al máximo representante institucional de Euskadi y a dos dirigentes del PSE junto a Arnaldo Otegi y a otros miembros de la llamadaizquierda aberzale.

Ibarretxe se reunió dos veces con Batasuna --el 19 de abril del 2006 y el 22 de enero de este año-- dentro del periodo de tregua de ETA y cuando se pensaba que las fuerzas democráticas vascas debían contribuir al diálogo para alcanzar el definitivo final de la violencia. Es decir, la reunión se ceñía al estricto margen de la política. Culpar al lendakari de un delito de desobediencia por verse con dirigentes de un partido ilegalizado en el 2003 es forzar la ley para agradar a la única fuerza política importante que ha sido beligerante con el proceso de paz: el PP. Porque al TSJPV no le ha importado que el Supremo no encontrara delito en que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, autorizara los contactos con Batasuna, ni que el fiscal se inhibiera en este llamadocaso Ibarretxe. El empecinamiento del juez en este asunto a instancias del Foro Ermua y del grupo de extrema derecha Dignidad y Justicia es una nada democrática forma de pasar cuentas políticas desde un tribunal.