Querida ministra de Trabajo (2)

Me atrevo a llamar públicamente su atención, señora Yolanda Díaz, tras la gran victoria que obtuvo su ministerio en el caso de los raiders de GLOVO, para hablarle de otros supuestos trabajadores por cuenta propia que en realidad son una variante de los falsos autónomos y de cuya grave precariedad laboral parece no tener noticia la sociedad española.  Usted, que es lectora y suele recomendar libros, captará mejor que otros lo que le quiero comunicar.

Quiero que conozca la situación precaria de una enorme cantidad de personas que se dedican a la traducción y a la corrección, y a demás tareas de colaboración externa. Hacen posible que leamos buenos textos, pero no son empleados de las empresas que hacen libros. Oficialmente trabajan “por cuenta propia” (o sea, a efectos fiscales, son considerados como un 'empresario' autónomo que, encima, carece de un epígrafe específico en el IAE). Personas que, en un altísimo porcentaje son mujeres, y que en muchos casos trabajan para una sola empresa, y en otras para un par o tres a lo sumo.

La industria editorial nos informa en los últimos años de estar batiendo récords de facturación. Sin embargo, remunera el trabajo de todas esas personas aplicando tarifas que en muchísimos casos quedaron congeladas en 2010. Es un grado de explotación que, por desgracia, debo tachar de miserable. Sobre todo si comparamos lo que se paga aquí con lo que cobran sus colegas en países más civilizados.

Dignidad profesional

Trabajadores que no llegan a ingresar ni siquiera el salario mínimo interprofesional. Creo que su Ministerio debería ayudarles a recuperar su dignidad profesional, a mejorar sus ingresos. De momento, los responsables de velar por la Competencia en España multaron a una asociación de correctores por atreverse a establecer tarifas mínimas. Y no es un problema de la legislación europea. La Association des Traducteurs Littéraires de France, por ejemplo, publica y difunde cada año datos estadísticos que guían a sus socios a la hora de firmar contratos y negociar tarifas.

A los correctores de estilo y ortotipografía podríamos añadir los maquetistas (que convierten un texto en páginas de libro; que preparan los libros electrónicos). Y también los lectores externos; los que escriben textos de contracubierta y solapas, elaboran los metadatos, y los diseñadores gráficos que hacen las cubiertas, así como un sinfín de otros colaboradores editoriales.

Es imprescindible que su Ministerio encuentre para ellos alguna fórmula legal que les impida proponer colectivamente tarifas adecuadas para su trabajo. No creo que sea imposible encontrar, tal vez en el Estatuto del Artista o por medio de otra fórmula legítima y legal, una manera de permitir a estos trabajadores culturales que puedan defender sus derechos colectivos frente a una industria cada día más concentrada y poderosa, dominada por un oligopolio de solo dos actores que facturan el 50% de los libros que se venden en España.