Los Mossos detienen a dos saqueadores en una playa de Tarragona y un juzgado prohíbe que se acerquen al yacimiento

Por primera vez en una investigación de los Mossos d'Esquadra, un juzgado ha dictado una orden de alejamiento para dos saqueadores del yacimiento arqueológico que expoliaron. El lugar está ubicado en el litoral de Tarragona y el juzgado de El Vendrell tomó la decisión después de constatar que uno de los sospechosos era reincidente, precisamente por robar en el mismo sitio en octubre pasado.

El 24 de agosto, a primera hora de la tarde, los Mossos detuvieron in fraganti en una cala de la costa de Tarragona a dos hombres de 48 y 44 años, acusados de un delito contra el patrimonio histórico. Venían de la zona de Castellón y fueron sorprendidos por agentes de la Policía Marítima, de Seguridad Ciudadana y de los especialistas en patrimonio histórico de la División de Investigación Criminal de los Mossos cuando hacían prospecciones ilegales del fondo marino en esa playa, considerada de alto interés arqueológico.

Un testigo avisó de la presencia de los sospechosos y los agentes encontraron a uno de ellos mar adentro y al otro cerca del vehículo en el que habían llegado a la zona. Iban equipados con trajes de neopreno, herramientas para aspirar el fondo marino y detectores de metales. Habían obtenido un botín de 58 monedas y algunas piezas de joyería.

Antecedentes de hace medio año

Se da la circunstancia de que uno de los sospechosos fue detenido, también in fraganti, el 28 de octubre del año pasado mientras saqueaba el fondo marino de la misma cala de Tarragona. Entonces el arrestado, junto a otro sospechoso, consiguió sacar del mar anillos, 46 monedas, un escudo de cobre y otros metales que podrían tener valor arqueológico.

Por eso, el juzgado de El Vendrell, que recibió a los dos detenidos el pasado 24 de agosto, dictó una medida poco habitual en estos casos: una orden de alejamiento del municipio de Calafell, incluída la playa en la que se encuentra este yacimiento arqueológico. Si los dos sospechosos vuelven al pueblo y a esa cala cometerán un delito de quebrantamiento de medida judicial. Según fuentes policiales, es la primera vez que se toma esta decisión en una investigación de los Mossos y puede sentar un precedente para garantizar la preservación de un espacio arqueológico protegido.

En concreto, la plaza judicial de El Vendrell acordó la medida provisional de prohibición de entrada en el término municipal de Calafell, costa incluida, para todos los detenidos, que están investigados por un delito contra el patrimonio. Es la segunda causa por el mismo delito contra uno de los arrestados por los Mossos.

En octubre pasado, a partir de la información de los Mossos de que en esta playa podía haber una embarcación hundida no documentada, el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC) inició un estudio científico de la zona para determinar su antigüedad y valor patrimonial.

Más colaboración

En declaraciones a EL PERIÓDICO, los especialistas en patrimonio histórico de la División de Investigación Criminal (DIC), explican que cada vez hay «más concienciación» sobre este tipo de expolios e incluso, añade, que hay ciudadanos que avisan cuando sorprenden a otra persona en la naturaleza usando un detector de metales, ya que está prohibido.

Un expoliador que usa un detector en un yacimiento puede ser acusado de un delito de hurto agravado, ya que no se puede sacar ningún objeto a no ser que lo hagan arqueólogos profesionales con los permisos en regla. Junto a una denuncia penal, se les puede abrir un expediente sancionador administrativo. El Departament de Cultura es el que decide estas multas siguiendo la legislación sobre patrimonio histórico vigente, que van desde los 6.000 euros para las más leves hasta los 900.000 euros para las más graves, como el expolio sistemático, la destrucción deliberada de yacimientos o la comercialización internacional ilícita.

Precisamente, la mayoría de actuaciones de la unidad de patrimonio histórico de los Mossos se producen después de que otras unidades del cuerpo, como la Policía Marítima, Medio Ambiente o Seguridad Ciudadana, así como los Agentes Rurales, que tienen más efectivos sobre el terreno, alerten de un posible expolio de yacimientos. También están muy pendientes de las redes, las plataformas de compraventa de segunda mano, las casas de subastas y webs específicas de objetos patrimoniales e históricos. Gracias a un ciberpatrullaje, intentan detectar si alguna pieza proviene de algún saqueo.

Tres perfiles

Los investigadores de patrimonio histórico explican que monitorizan estas redes, plataformas, ferias de antigüedades y mercados de segunda mano en busca de objetos que se venden y que provienen de expolios. Algunos anuncios ya indican que el artículo «se ha extraído del subsuelo» para darle más valor, lo que ofrece una pista a los investigadores.

Los agentes han detectado tres perfiles de vendedores: los ocasionales, que se desprenden de objetos que pueden ser parte de una herencia; los profesionales, que usan estos canales para comprar y vender aprovechando el mercado internacional; y otros usuarios que utilizan redes clandestinas, más difíciles de rastrear, y que se dedican a objetos históricos más importantes. Encontrar a estos últimos requiere investigaciones complejas, con colaboración internacional, que pueden durar meses.

Además, los Mossos añaden que en el 80% de los casos interactúan con personas que desconocen la normativa y sacan un objeto de un yacimiento o venden artículos del patrimonio familiar sin saber que ha sido expoliado, aunque sea años atrás, y pertenece al Estado. La policía también hace un trabajo de análisis importante, incluso con el estudio de tierra y arena de yacimientos gracias a la Policía Científica, para determinar si la pieza fue extraída recientemente o bien hace «30 años por su abuelo», como argumenta algún vendedor.

En este sentido, la unidad de patrimonio histórico remarca que este análisis científico ayuda mucho en los casos de los yacimientos subacuáticos por el tema de la oxidación de los objetos. Precisamente, este tipo de expolios bajo el mar son de los que más han crecido en los últimos años en Catalunya. Por lo que respecta a los terrestres, los Mossos han intervenido en más de una treintena desde 2024.

El expoliador altruista

Entre 2020 y 2022 un jubilado fue por tres yacimientos arqueológicos del Baix Llobregat y buena parte de los objetos que encontraba, como monedas u otras piezas de interés histórico, lo entregaba sin ánimo de lucro a un museo de su localidad de residencia. Lejos de decirle que estaba cometiendo una ilegalidad al expoliar estos lugares, el museo se lo quedaba y lo exponía. En total llegó a llevar unas 400 piezas desde el siglo XVI hasta la Guerra Civil.

Los Mossos d'Esquadra descubrieron esta actividad después de que el hombre encontrase una granada de mano en la naturaleza y avisase al teléfono 112 de emergencias. Cuando los especialistas en Patrimonio Histórico de la División de Investigación Criminal (DIC) quisieron saber de dónde había salido el explosivo el jubilado les explicó su actividad en los yacimientos con un detector de metales. Al ser denunciado, el hombre afirmó que desconocía que esa actividad estuviera prohibida.

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