Acreedores del promotor musical Martín Pérez le denuncian por estafa

Martín Pérez, referente del panorama musical catalán, se enfrenta a un importante litigio ante la Justicia. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el que fuera creador de festivales como el de Cap Roig o Jardins de Pedralbes ha sido denunciado por los delitos de estafa, apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental. Según la documentación a que ha tenido acceso este diario, dicha querella ha sido admitida a trámite. Las dificultades para Pérez no acaban aquí, ya que el juzgado mercantil que estudia el concurso de acreedores de su empresa, Concerts Estudio, ha apreciado indicios de delito y ha remitido la información sobre su gestión a la Fiscalía de delitos económicos.

Los hechos se remontan a 2019, cuando Pérez buscaba financiación para sus iniciativas musicales. Los denunciantes, una persona física y una empresa, aportaron inyecciones económicas de 500.000 y 300.000 euros respectivamente mediante dos préstamos participativos. Pero en 2025 comprobaron que Concerts Estudio, la empresa de Pérez, no les devolvía las cantidades pactadas.

Lo que estos prestamistas desconocían es que en febrero del año pasado Concerts Estudio había presentado preconcurso al no poder hacer frente a sus deudas. El procedimiento derivó en un procedimiento para tratar de vender la unidad productiva de la empresa y la posterior declaración de concurso cerraba la puerta a la aspiración de los acreedores de recuperar su inversión.

Hasta aquí la situación no pasaba de ser un negocio fallido que dejaba pérdidas. Sin embargo, los denunciantes tuvieron conocimiento de algunos detalles de la operativa de Concerts Estudio (más conocida en el sector -y en su propia web- como Concert Studio) y descubrieron movimientos de dinero sospechosos. Según afirma la denuncia, la histórica empresa de Pérez pagó cantidades que no tenían nada que ver con la organización de festivales.

Entre estos gastos aparecen pagos relacionados con una vivienda de Pérez en la Costa Brava y que no estaba destinada a actividad empresarial. “No sólo el precio de adquisición, sino todos los gastos de la financiación hipotecaria, de mantenimiento, de comunidad e impuestos han sido soportados indebidamente por la sociedad”, indica la demanda presentada al juzgado mercantil número 12 de Barcelona, que señala a Pérez, propietario único de Concerts Estudio, y a sus dos hijos, Martín y Carlos, administradores de la misma.

La denuncia también afirma que Concerts Estudio cargaba con los gastos del mantenimiento y consumos de una embarcación y de un amarre.

Además, y siempre según los denunciantes, Concerts Estudio pagó hasta 961.000 euros al socio y administradores (de nuevo Martín Pérez y sus dos hijos) en “salidas injustificadas de dinero” que obedecían a “gastos personales que nada tienen que ver con la actividad de la empresa”.

La denuncia señala también que la empresa abonó 96.000 euros a los hijos del promotor musical, cantidad que utilizaron para pagar la entrada de un piso.

Pero el gasto más importante son las aportaciones de 1,8 millones de euros a Made in Concerts, otra sociedad que forma parte del entorno empresarial con el que Martín Pérez ha llevado a cabo su actividad como promotor en las últimas décadas, que comparte sede social con Concerts Estudio y hoy también en concurso de acreedores.

Los denunciantes han llevado el caso por la vía civil, reclamando la consideración de concurso culpable, y también por la penal.

La venta del negocio, paralizada

Estas reclamaciones ya han tenido consecuencias. Durante el preconcurso de Concerts Estudio se aprobó inicialmente la venta de la empresa a Vértigo Azul Events, que ofreció 15.000 euros por Concerts Estudio y una inversión prevista de 400.000 euros más. Sin embargo, hubo distintas alegaciones. Entre ellas, la de JG Events Live, que se puso en contacto con el juzgado para advertir de que era “un hecho bastante notorio entre los operadores del sector” que dicha operación de compraventa “pudiera ser fraudulenta”. En el mismo escrito advertía al juzgado de que Concerts Estudio “ha podido estar abonando a la entidad Vértigo Azul Events una cantidad cercana a 250.000 euros sin que exista relación económica o jurídica real que ampare o justifique dichos pagos”. El juzgado mercantil anuló en diciembre de 2025 la venta de la unidad productiva de Concerts Estudio, de la que fue beneficiaria la empresa Vértigo Azul en octubre de ese año.

El proceso de venta de la unidad productiva sigue abierto a día de hoy. Existe una única oferta, la de la citada Vértigo Azul, pero la decisión final no se ha adoptado aún tras las alegaciones presentadas por los denunciantes.

En paralelo a este procedimiento de venta del negocio, el proceso concursal sigue su curso y aún no se ha dictaminado si el concurso fue culpable (con responsabilidades sobre los administradores de la empresa) o fortuito (en que se considera que no hubo mala práctica de los responsables de la empresa). Se espera que el juicio se celebre a finales de este año o inicios del próximo y, por tanto, la decisión debería conocerse durante el año 2027.

Pero este mismo mes de junio, el mismo juzgado dictó una providencia tras leer las posturas de las partes y advirtió indicios de que la gestión en Concerts Estudio podría ser delictiva: “Examinado el informe de calificación aparece que los hechos pueden ser constitutivos de delito no perseguible únicamente a instancia de persona agraviada, por lo que (...) lo pongo en conocimiento del Ministerio Fiscal por si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal”.

En cualquier caso, el agujero que ha dejado Concerts Estudio es muy superior a los 800.000 euros que reclaman los dos denunciantes, ya que la deuda total alcanza los 10,3 millones de euros.

Préstamo de 2 millones del ICF

Otro detalle que descubrieron los denunciantes fue el préstamo concedido por el Institut Català de Finances a favor de Concerts Estudio. Según la documentación a que tuvieron acceso y que obra en poder de EL PERIÓDICO, la entidad, que ejerce como banca pública de promoción de la Generalitat y está bajo el control del Departament d’Economia, concedió en mayo de 2025 financiación por 2 millones de euros a Concerts Estudio. En esa fecha, la empresa ya estaba en situación de preconcurso. Según los denunciantes, para obtener dicho crédito Concerts Estudio “ocultó deliberadamente que se encontraba en situación de preconcurso”.

El propio ICF ha corroborado esta tesis. En un documento de octubre de 2025 que está en poder del juzgado mercantil, la entidad pública afirma que Concerts Estudio “ocultó de forma manifiesta y deliberada” la difícil situación económica que atravesaba. La documentación remitida prueba que Concerts Estudio respondió “No” a una pregunta del formulario en que se inquiría si la empresa estaba en concurso o preconcurso, y lo hizo, según el ICF, para ocultar “una información esencial que habría evitado” que la entidad pública le concediera los citados 2 millones de euros. La entidad dependiente del Departament d’Economia insiste en que la empresa de Pérez ocultó su insolvencia “de forma dolosa”.

En total, y según la documentación depositada ante el juzgado, la empresa de Martín Pérez adeuda al ICF una cifra que supera los 4,6 millones de euros. La cifra es muy superior a los cerca de 700.000 euros que debe al Banc Sabadell, los 300.000 euros de CaixaBank o los 150.000 del Santander.

Fuentes del sector musical apuntan que los problemas económicos de Concerts Estudio arrancan con la pérdida del concurso para celebrar el Festival de Pedralbes: en 2023, la Generalitat lo adjudicó a Clipper's Group, archirrival de Concerts Estudio, que está liderada por el exdirectivo del Barça Juli Guiu. A raíz de eso, Martín Pérez denunció a la administración catalana y acusó a la Generalitat de saltarse “un compromiso oficial, firmado y escrito” en que la administración se comprometía, supuestamente, a renovar el convenio del festival por cinco años más. El promotor musical reclamaba a la Generalitat 4,3 millones de euros por el concurso perdido.

Lo cierto es que Concerts Estudio ha tenido pérdidas tras perder el Festival de Pedralbes: pasó de ganar 69.000 euros en 2023 a perder casi cinco millones en 2024. La empresa tampoco gestiona ya el Festival de Cap Roig, fundado por Martín Pérez en 2001. La evolución de los ingresos de la empresa es similar: en 2022 facturó más de 14 millones y en 2024 no llegaba a los 10. En el citado 2024, la empresa tenía 18 trabajadores.

La versión del denunciado

Consultado por este diario, el promotor musical ha declinado comentar las acusaciones sobre la gestión de Concerts Estudio y ha atribuido la denuncia al interés personal de uno de los acreedores. Según su versión, la denuncia no fue admitida a trámite, en un hecho contrario a la realidad. Asimismo, ha asegurado su convencimiento de que el concurso será declarado fortuito, como reclama el administrador concursal, y que esto llevará al archivo de todas las causas. Esta seguridad procede de la decisión del juzgado penal del pasado mes de abril de suspender las declaraciones hasta que se conozca si el concurso es fortuito o culpable.

El escrito presentado ante la juez mercantil por Concerts Estudio sí respondía a las acusaciones de mala gestión económica. Así, afirmaba que los pagos de hasta 961.000 euros a Martín Pérez y sus hijos respondían a “gastos de restaurantes, kilometrajes y hoteles” sin factura, hecho que describía como “una práctica contable histórica de gastos pendientes de justificación, y no una distracción dolosa de fondos”.

Respecto al pago de 96.000 euros a los administradores de la empresa para que compraran un piso, Concerts Estudio afirma que se trata de un “crédito que está siendo objeto de reintegro objetivo” y detalla que los pagos se iniciaron en enero de 2026. Sin embargo, en la documentación presentada en su día por Concerts Estudio se referían a este crédito como “incobrable”.

La sociedad también responde de los 1,8 millones aportados a Made in Concerts: “No respondió a liberalidad ni a desvío gratuito alguno”, afirma, apuntando que esta última era “una empresa complementaria a Concerts la cual se presentaba a concursos que después se explotaban conjuntamente”.

Concerts Estudio también afirma que el Institut Català de Finances conocía su situación económica cuando le concedió el crédito de 2 millones de euros. Según afirmó la empresa, “el ICF concedió la financiación previa evaluación del riesgo y con exigencia de sólidas garantías”. “Difícilmente puede sostenerse que una entidad de la solvencia y especialización del ICF fuera inducida a error”, añade la sociedad.

El caso está ahora en manos del juzgado mercantil número 12 y del penal número 26 de Barcelona, así como de lo que pueda disponer la Fiscalía. En los últimos meses, Martín Pérez ha promocionado públicamente sus últimas apuestas, el Festival Alma o el Blaumarí Music, que se celebró el pasado mes de junio en el Port Vell de Barcelona.

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