El alcalde de Girona, Lluc Salellas, se enfrenta a una posible responsabilidad penal por la gestión del Truffaut

Un informe del secretario general del Ayuntamiento de Girona, José Ignacio Araujo, concluye que la orden del alcalde, Lluc Salellas, para que el Col·lectiu de Crítics de Cinema siguiera gestionando el Truffaut una vez extinguido su contrato era ilegal y estaba viciada de nulidad de pleno derecho. El documento, firmado el 6 de julio y remitido, entre otros, al propio Salellas, sostiene que la continuidad del servicio desde el 19 de abril se acordó sin seguir ninguno de los procedimientos previstos por la normativa de contratación pública. De aquí se podrían deducir, incluso, posibles responsabilidades penales del alcalde si el caso fuera llevado a la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas o la Sindicatura de Cuentas.

El informe ayuda a explicar el cierre del cine, que se hizo efectivo ayer, después de casi tres meses de funcionamiento en una situación jurídica irregular. El futuro de la sala queda ahora condicionado a la resolución del recurso que el Col·lectiu de Crítics ha presentado ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público contra la adjudicación del servicio a Rambla de l’Art-Cambrils Newco SL. La suspensión automática del procedimiento puede mantener el Truffaut cerrado durante meses.

¿Un servicio esencial?

El contrato del Col·lectiu, entidad sin ánimo de lucro que creó el Truffaut hace más de 25 años y que lo ha gestionado desde entonces, expiró el 18 de abril. Como el nuevo concurso aún no estaba resuelto, Salellas ordenó que la asociación continuara prestando el servicio a partir del día siguiente. En un documento fechado el 17 de abril, el alcalde justificaba la decisión por el "carácter esencial" del cine y establecía que la continuidad se prolongaría hasta que el Ayuntamiento dispusiera de un nuevo contrato o del instrumento jurídico correspondiente.

El secretario municipal, sin embargo, es tajante. Considera que aquella orden equivalía, en la práctica, a adjudicar un nuevo contrato al Col·lectiu una vez extinguido el anterior, "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". En consecuencia, califica el acto de nulo de pleno derecho y señala que el Ayuntamiento no tenía margen para mantener su validez: tenía que abrir obligatoriamente un procedimiento de revisión de oficio.

El informe también descarta que pudiera aplicarse una prórroga forzosa del antiguo contrato. La ley permite esta fórmula únicamente si el nuevo concurso se ha publicado con una antelación mínima de tres meses, si el retraso deriva de circunstancias imprevisibles y si la continuidad es imprescindible para satisfacer necesidades esenciales de la ciudadanía. Según el secretario, en el caso del Truffaut no se cumplía ninguno de estos requisitos.

La licitación se publicó el 2 de febrero, menos de tres meses antes de la finalización del contrato. Además, el informe atribuye el principal retraso a la falta de diligencia administrativa: Contratación había advertido a Cultura en mayo de 2025 de que era necesario preparar el nuevo concurso, pero la documentación completa no llegó hasta el 7 de enero de 2026, ocho meses después. El secretario también discrepa de Salellas sobre el carácter esencial del servicio y sostiene que un cine no satisface necesidades indispensables comparables con el suministro de agua o la recogida de residuos.

Sobre la gestión directa

El documento tampoco avala que el Ayuntamiento asumiera provisionalmente la gestión directa. Recuerda que el pleno municipal había aprobado mantener el modelo de gestión indirecta y que esta forma no podía modificarse de manera improvisada para resolver las incidencias surgidas durante la licitación. Como alternativa, solo apunta la posibilidad de un contrato menor puente, pero con Rambla de l’Art, la empresa que había presentado la oferta más bien valorada, y siempre que el gobierno municipal insistiera en considerar imprescindible la continuidad del servicio.

La propuesta de Rambla de l’Art obtuvo 90,75 puntos, frente a los 88,59 del Col·lectiu. La Junta de Govern Local aprobó su adjudicación el 5 de junio con los cuatro votos favorables de Junts y ERC y los tres votos en contra de Guanyem. Los socios de gobierno defendieron que era la única salida legal después de que los técnicos municipales hubieran resuelto el concurso, mientras que Guanyem rechazó avalar el resultado. La votación hizo visible la brecha dentro del gobierno tripartito, que precisamente ha acabado rompiéndose esta semana. El martes. El mismo día en que cerró el Truffaut.

Recurso en marcha

El Col·lectiu recurrió la adjudicación ante el Tribunal Català de Contractes, que comunicó el recurso al Ayuntamiento el 25 de junio. Desde ese momento, la formalización del nuevo contrato quedó automáticamente suspendida. Esto impedía la entrada de Rambla de l’Art, pero no regularizaba la continuidad de los críticos, que seguían explotando la sala amparados únicamente por la orden del alcalde.

Otro de los puntos más contundentes del informe afecta a los ingresos. Desde el 19 de abril, el Col·lectiu seguía cobrando las entradas y los alquileres de las salas con las tarifas del anterior contrato. El secretario advierte de que esas tarifas no habían sido aprobadas para la nueva situación, que podían incluir conceptos a los que la entidad no tenía derecho y que el Ayuntamiento no ejercía ningún control sobre la recaudación. Por ello reclamaba poner fin a la situación ante el riesgo de que pudieran derivarse perjuicios para la hacienda municipal.

El Ayuntamiento deberá ahora revisar de oficio la orden de Salellas y declarar formalmente su nulidad. Aun así, el Col·lectiu tendrá derecho a cobrar el coste efectivo de los servicios prestados desde el 19 de abril para evitar que el consistorio se enriquezca injustamente. El informe precisa que esa compensación solo puede cubrir el valor real de las prestaciones ejecutadas, sin beneficio industrial, gastos generales ni los eventuales costes de despido de la plantilla, que deberán ser asumidos por la entidad.

El cierre deja al Truffaut en el momento más incierto de su historia reciente. La entidad que lo impulsó y lo ha mantenido vivo durante más de un cuarto de siglo ha quedado fuera del nuevo concurso, pero la empresa adjudicataria tampoco puede acceder mientras el Tribunal de Contratos no resuelva la impugnación. Entre una orden declarada jurídicamente nula y una adjudicación suspendida, Girona se queda, por el momento, sin cine en versión original.

Fuente: Diari de Girona