Nuevo conflicto con la Generalitat: reclaman 800.000 euros al Gobierno de Aragón por unos bienes de Sijena que no son de su propiedad

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este viernes de una reclamación extrajudicial planteada por la Generalitat de Cataluña contra el Ejecutivo aragonés por la que solicita casi 800.000 euros por los contratos de compraventa de las obras procedentes del Monasterio de Sijena, con fechas 28 de enero de 1983 y 17 de diciembre de 1992, así como las cantidades destinadas para la conservación y restauración de las mismas mientras estuvieron depositadas en el Museo de Lérida. Cabe recordar que se trata de unas obras que regresaron a Aragón en 2017 y que el Gobierno de Aragón no participó del contrato de compraventa que ahora reclama la Generalitat.

Firmada por la consejera catalana de Cultura, Sonia Hernández Almodóvar, en la reclamación se indica que el 28 de enero de 1983 y el 17 de diciembre de 1992, el Departamento de Cultura de la Generalitat adquirió mediante sendos contratos de compraventa un total de 56 obras artísticas provenientes del Real Monasterio de Santa María de Sijena de la Orden de San Juan de Jerusalén. En esos contratos actuó como parte vendedora Pilar Sanjoaquín Gràcia, representando a la Orden de San Juan de Jerusalén como madre federal y priora del monasterio que la Orden tenía en Valldoreix.

Según detallan desde el Gobierno aragonés, de las 56 obras artísticas adquiridas, 44 se encontraban depositadas en el Museo Diocesano de Lérida y 12 en el Museo de Arte de Cataluña (actual Museo Nacional de Arte de Cataluña). A partir de 1999, las obras fueron adscritas y trasladadas al Museo de Lérida diocesano y comarcal para nutrir los fondos del centro.

Recuerdan que esos contratos de compraventa fueron declarados nulos por sentencia de abril de 2015 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Huesca, confirmada por sentencia del Tribunal Supremo de enero de 2021. Las sentencias declararon que la propiedad de los bienes objeto de esos contratos era de la Orden Sanjuanista del monasterio de Sijena y obligó a la Generalitat a la reintegración de la posesión de las piezas artísticas y su traslado al monasterio.

Actualización del precio

La Generalitat asegura que el contrato de compraventa de enero de 1983 valora la adquisición de las obras en 10.000.0000 pesetas y el de diciembre de 1992, en 25.000.000 pesetas. Con la actualización del IPC, señalan que la valoración actualizada del precio del contrato de compraventa de enero de 1983 asciende en la actualidad a 218.227,50 euros; y la valoración actualizada del contrato de diciembre de 1992, a 202.090,32 euros.

Además de los 420.317,82 euros por las compraventas de las obras, reclaman los gastos de custodia, protección y mantenimiento de las obras, que estiman en 370.801,65 euros.

La portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha denunciado el "ataque unilateral" de la Generalitat, a quienes acusa de crear un conflicto donde no lo hay. "Es como un boxeador que en KO pega puñetazos al aire buscando algún tipo de restitución que en este caso ni siquiera es moral, nos parece muy grave este ataque", ha dicho gráficamente Vaquero.

"El ridículo es un camino que no tiene retorno. Esta misma reclamación se ha dirigido al Ayuntamiento de Villanueva. He hablado con el señor Español para trabajar conjuntamente teniendo en cuenta el ataque permanente de la Generalitat", ha anunciado la portavoz del Ejecutivo aragonés, que ha insistido en su disposición al diálogo y a la búsqueda de consensos "para solucionar un conflicto, pero aquí no hay un conflicto, hay un ataque unilateral que establece la propia Generalitat y no vamos a entrar en ese diálogo que carece de razón y de sentido".

Según la documentación del Govern, ahora se abren 30 días hasta que puedan iniciar acciones judiciales. "Como siempre, nos encontrarán defendiendo sin fisuras nuestro patrimonio y nuestra historia", ha recalcado Vaquero.

Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón están analizando la reclamación de la Generalitat de Cataluña, si bien ya advierten de que el Ejecutivo autonómico no formó parte de los contratos de compraventa de esas obras, no cobrando precio alguno, ni es propietario de las mismas, por lo que se considera que el Gobierno de Aragón no debe restituir las cantidades solicitadas. "Aragón lo único que ha hecho es reclamar su patrimonio y defender el Estado de derecho con el debido cumplimiento de las sentencias judiciales", ha zanjado la portavoz.

"Han estado disfrutando de la exposición de estos bienes, cobrando una entrada, siendo un gran atractivo y ahora nos reclaman los gastos de conservación. No se podía tener más falta de rigor jurídico", ha añadido, antes de valorar que este nuevo fuego abierto en las relaciones bilaterales con la comunidad vecina es "claramente es una pataleta ante la continua pérdida de razón" y una "enajenación política de la Generalitat en la que llevan al presidente Illa a una cuestión grave: hacer perder la dignidad de representar los intereses de una comunidad autónoma con falta de rigor jurídico".

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