Patrimonio
La Fiscalía investiga si Alcarràs y Cultura han permitido el deterioro de Cal Macià, la casa del ex president Francesc Macià en Vallmanya
La plataforma Salvem Casa Macià-Casa Vallmanya denunció en enero ante la Fiscalía el presunto abandono de Cal Macià por parte del Ayuntamiento de Alcarràs y la Generalitat

Cal Macià, o Casa Vallmanya. / EPC

La Fiscalía de Lleida investiga si el Ayuntamiento de Alcarràs y el Departamento de Cultura han permitido el deterioro de Cal Macià, la residencia de la familia del expresidente Francesc Macià en Vallmanya.
Así lo avanza este viernes Segre y ha confirmado a EFE la plataforma Salvem Casa Macià-Casa Vallmanya, que en enero presentó una denuncia en Fiscalía contra el departamento y el ayuntamiento.
Fuentes de la plataforma aseguran que la Guardia Civil ya ha comenzado a recabar documentos del consistorio de Alcarràs para determinar la propiedad del inmueble y ha habido reuniones para adquirirlo.
La Iniciativa Popular Salvem Casa Macià-Casa Vallmanya presentó su denuncia en la Fiscalía en enero argumentando que la Generalitat y el Ayuntamiento de Alcarràs no han protegido la casa, ahora propiedad de un particular, que perteneció a Eugènia Lamarca, la esposa del primer presidente de la Generalitat republicana, Francesc Macià.
En julio de 2025 la Generalitat declaró Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN), en la categoría de lugar histórico, la Casa Vallmanya de Alcarràs argumentando que en ella se tomaron "decisiones políticas trascendentales" para la historia contemporánea de Cataluña como el complot de Prats de Molló o la fundación del partido Estat Català.
"A lo largo de los últimos nueve años hemos agotado todas las vías de diálogo posibles, hemos hecho pedagogía, hemos dado tiempo y margen a todos los gobiernos municipales y autonómicos que se han ido sucediendo y hemos tenido más paciencia que el santo Job" aseguró la plataforma en enero, al hacer pública su denuncia.
Salvem Casa Macià-Casa Vallmanya insistió entonces que "el estado de la casa no permite mayores dilaciones, engaños o nuevas excusas".
"Ahora -remarcó- será en los juzgados donde se decidirá si en este país actuar deliberadamente contra el patrimonio histórico, arquitectónico y nacional sale gratis o, en cambio, tiene responsables y es punible".
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