Tribunales
Los organizadores de una procesión artística de una Virgen con morcillas declaran en Tortosa por escarnio religioso
Amnistía Internacional reclama una reforma del Código Penal sobre los delitos que atentan contra la libertad de expresión
Un juzgado investiga si una procesión artística de una Virgen rodeada de morcillas en Tortosa es un ataque a la religión

Imagen de la procesión en Tortosa / Abogados Cristianos

Tras dos suspensiones previas, este miércoles está prevista la declaración como acusados en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tortosa del creador y los organizadores de la performance 'la procesión de Santa Baldana' que se pudo ver en Tortosa el 5 de junio de 2024 dentro de la celebración del VII Fòrum Cultura i Ruralitats. Abogados Cristianos presentó una denuncia ante el juzgado al considerar que esta actuación artística pudo constituir un escarnio al burlarse presuntamente de los sentimientos religiosos.
El juzgado abrió una investigación y ahora toma declaración como investigados al autor de la obra, Josep Piñol, los representantes del colectivo Konvent, en calidad de comisarios, y la actriz de la performance por la acusación de un supuesto delito de ofensas a los sentimientos religiosos. En concreto, el juez indaga si esta performance, que recreaba la procesión ficticia de Santa Baldana (una virgen cubierta de baldanas, un embutido similar a la morcilla propia de les Terres de l'Ebre), que reivindicaba el arte de comer y beber como si fuese un paso de Semana Santa trataba de burlarse del sentimiento religioso.
Esta procesión formaba parte del proyecto artístico llamado La Gran Bacanal que recorrió las calles de Tortosa simulando esta procesión y que acabó con un almuerzo colectivo. El acto está comisariado por colectivo Konvent y la dirección artística es de Josep Piñol. Los portadores del paso iban de negro, con gorras de la cofradía de nuestra señora Santa Baldana y se elaboró una oración, que Abogados Cristianos considera 'blasfema'.
Días después del acto el obispado de Tortosa, el capítulo de la catedral y la Real Archicofradía y la Corte de Honor de la Virgen de la Cinta emitieron un comunicado en el que consideraban La Gran Bacanal como una "burla" y desprecio a los creyentes, "nuestra fe" y "nuestras tradiciones", en referencia a la religión católica. Sin embargo, los responsables de la obra no querían generar ningún tipo de ofensa a la fe católica ni a los creyentes.
Quejas de Amnistía Internacional
Coincidiendo con estas declaraciones en el juzgado de Tortosa, Amnistía Internacional ha lamentado en un comunicado "que otro caso amparado por el derecho a la libertad de expresión deba afrontar una causa penal" y reclama "la reforma urgente de los artículos del Código Penal que atentan contra la libertad de expresión y contravienen los estándares internacionales de derechos humanos".
Recuerdan que Código Penal castiga con multas las expresiones que hagan “escarnio” de dogmas o creencias religiosas con intención de ofender y que se trata de un delito que no exige para su comisión una incitación directa a la violencia: "Este es el umbral que establece el derecho internacional de los derechos humanos para permitir la persecución penal: solo es posible en casos graves donde la expresión incita directamente a la violencia y existe una relación causal demostrada y probable entre el mensaje y la comisión de actos violentos".
"En pleno 2026, casos como este muestran como la sátira y las representaciones artísticas todavía pueden ser perseguidas penalmente en España, con humoristas o artistas yendo a juzgados para explicar sus chistes o creaciones. En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha afirmado en reiteradas ocasiones que las expresiones que ofenden, perturban o molestan también están protegidas por la libertad de expresión", indican desde Amnistía Internacional.
Además, lamentan "el preocupante efecto disuasivo o silenciador de estas investigaciones penales, que lanzan el mensaje a la sociedad que determinadas expresiones humorísticas, satíricas o creaciones artísticas pueden enfrentarse a consecuencias muy negativas". Eduard Martínez, portavoz de Amnistía Internacional Catalunya, asegura que "el delito de ofensa contra los sentimientos religiosos debe desaparecer de una vez del Código Penal para que no se repitan situaciones como la que afronta el autor de Santa Baldana”.
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