Consumo investiga posibles irregularidades en la venta de entradas para los conciertos de Bad Bunny en España

No ha pasado ni una semana desde que se pusieran a la venta (y se vendieran 'ipso facto') las entradas para la docena de conciertos que hará Bad Bunny en España, y ya ha habido más de una y de dos polémicas. La última involucra directamente al Gobierno de España. El Ministerio de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030 ha anunciado este miércoles que investiga "a una gran empresa gestora de tickets" por "presuntas irregularidades" en el proceso de venta 'online' de las entradas para los conciertos "de un conocido artista internacional". No ha hecho falta mucho más para saber que se refería a Ticketmaster y al cantante puertorriqueño.

La pieza clave en este puzzle es una denuncia que impuso la OCU hace unos dos días. Esta asociación en defensa de los derechos de los consumidores explicó que había detectado que Ticketmaster incrementaba el precio de la entrada de los 79,50 euros anunciados al principio de la compra, a los 269 euros una vez tocaba pagar. Lo hacía por conceptos como los gastos de gestión (36,50 euros), una donación de 3,3 euros y un cargo vip adicional de 150 euros.

"Estos gastos añadidos son abusivos", afirman desde la OCU. "Llevamos tiempo denunciando la injusticia que supone cobrar unos gastos de gestión al consumidor que compra 'online' una entrada (o un billete): si todo lo hace el usuario –entra en la web, selecciona fecha, tipo de entrada, asiento, la imprime...– ¿qué gestión justifica un cobro de nada menos que 36,5 euros por entrada?", se quejan desde esta asociación. Lo agrava todo, prosiguen, que no sean cargos transparentes, ni reembolsables, además de ser 'precios dinámicos', aquellos que varían en función de la demanda del mercado, y contra los que tiene su cruzada personal incluso la Comisión Europea.

Y el ministerio de Consumo ha recogido el guante. El departamento liderado por Pablo Bustinduy ha puesto en marcha una investigación para esclarecer todo esto que denuncia la OCU. "De confirmarse, estos hechos podrían suponer un incumplimiento de la normativa de protección de las personas consumidoras", advierte Consumo en relación con estos "recargos ilícitos" por ser aplicados "sin la debida transparencia, información previa suficiente o justificación adecuada". Ahora, los técnicos pertinentes recabarán toda información posible y estudiarán si esta práctica es motivo de sanción o no.

Ya anoche, en una entrevista en la Cadena Ser, Bustinduy prometía "estudiar" el alza de precios que se produjo en esta venta de entradas. "Esto ha sido un proceso bastante extraordinario, he de decir, la compra de entradas para estos espectáculos. Y lo vamos a estudiar, por supuesto, como todas las denuncias que recibimos", declaró el mismo.

Expediente abierto contra el sector

La rapidez a la hora de abordar el caso se explica porque este brazo del Gobierno capitaneado por Pedro Sánchez tiene precisamente un expediente informativo abierto para investigar a varias empresas dedicadas a la venta online de entradas para conciertos y actividades del estilo. "Consumo está recabando datos para determinar si los cargos adicionales que se imponen en el proceso de contratación a distancia de entradas son conformes a las exigencias legales de claridad, justificación y proporcionalidad", resume el ministerio en un comunicado.

En este sentido, su equipo envió una circular en julio del año pasado a las empresas de este sector en la que les recordaba que, según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (y en función, también, de sentencias que han ido saliendo al respecto), los costes adicionales en una compra de este estilo tienen que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, que sean costes por servicios relacionados con el consumidor, nunca con gastos en los que incurre la empresa; que no varíen en función del precio de la entrada; que no sean superiores al coste de adquirir una entrada en una taquilla física (si no haya algo que lo justifique); o que estén siempre incluidos en el precio final.

Incluir los recargos en el coste final

Este último punto es, de hecho, uno de los que más ocupa a este ministerio. No en este caso en concreto, sino en general. Prueba de ello es que una de las cinco enmiendas pactadas entre Sumar y PSOE en relación con la ley de Servicios de Atención a la Clientela –en tramitación parlamentaria desde hace unos cuantos meses–, verse sobre este tema. Los añadidos a la norma acordados estas últimas semanas giran en torno a las llamadas comerciales (o 'spam' telefónico) o a impedir la renovación automática de suscripciones hechas tiempo atrás. Pero hay un punto concreto que obligará a las empresas a incluir los gastos de gestión en la compra de entradas en el precio final.

El objetivo es "poner fin a la práctica habitual que encuentran los consumidores; un gasto añadido extra sobre el precio final de compra cuando está a punto de formalizarse la misma", contaron fuentes de Consumo a EL PERIÓDICO. "El precio final debe quedar reflejado desde el principio para que tengamos la información y podamos decidir si queremos comprar algo. No, no vale lo de 'te engancho con algo y luego te voy añadiendo', denunció hace unos días abiertamente Bustinduy.