La Justicia absuelve a Carme Arenas tras ser demandada por el PEN Català: “Me han borrado por completo y no me han dejado hablar”

El pasado 5 de septiembre se dio a conocer la sentencia de la demanda que el PEN Català interpuso contra Carme Arenas, que dirigió la institución durante nueve años, después de haber ejercido de secretaria general a lo largo de ocho años. La junta del Pen, presidida por entonces por Àngels Gregori, la denunció en 2021 por causar daños a la institución a través de pagos indebidos en beneficio propio y en beneficio de terceros, exigiéndole el pago de 597.896€. En la sentencia, la jueza desestima “íntegramente la sentencia” y absuelve a “Carme Arenas Noguera de las pretensiones alegadas contra ella, con la imposición de los costes de esta instancia a la parte demandante”. 

En la rueda de prensa ofrecida por Arenas para hacer pública la sentencia favorable, pero no firme y que el Pen, como ya ha anunciado, pretende recurrir, el abogado defensor, Joaquim Badia subrayó la gran contundencia de la sentencia, en la que se afirma no solo que todas las percepciones recibidas por Arenas eran regulares, respondían a servicios prestados y habían sido aprobadas por la junta, sino que Arenas percibía una cantidad inferior en comparación a lo que percibe en media alguien que ostente sus mismas responsabilidades en asociaciones e instituciones similares al PEN.

Asimismo, el letrado señala que lo percibido por Arenas es inferior a lo que esta habría percibido de haber conservado su plaza de catedrática. Badia ha hecho énfasis en que la demanda presentada en 2021 por la Junta presidida por Gregori se basaba en una serie de falsedades que los peritos han demostrado, no sin dificultad, puesto que, señaló Badia, el PEN se mostró reacio a presentar la documentación necesaria para la defensa de Arenas hasta el punto de que se tuvo que acudir al juez para exigir que esa documentación fuera presentada. “El PEN presentó unos 600 documentos, pero solo aquellos que les convenía, escondiendo aquellos fundamentales para la defensa”, explicó Badia, reiterando que la manipulación de documentos empezó incluso antes del proceso cuando de la web del PEN las actas en las que se aprobaban los gastos y los pagos realizados durante la presidencia de Arenas. 

“Me han borrado por completo y no me han dejado hablar”, comentó Arenas, “una actitud paradójica para una asociación que defiende la libertad de expresión”. La antigua presidenta lamenta la situación a la que se ha llegado y lamenta, sobre todo, la poca transparencia con la que ha actuado la Junta, omitiendo información -lo socios todavía no han recibido la sentencia-, manipulando datos y creando un relato basado en la mentira. “En un inicio se dijo que desviaba dinero para el Procés, luego se me acusó de haber robado cuadros, pero a los repetidos burofaxes que les enviamos pidiendo que nos dijeran qué obras había robado, de qué autores, de qué estilo y con qué precio de mercado, nunca nos contestaron”, continúa Arenas, para quien todo este asunto tiene como principal responsable la presidenta de entonces del PEN, Àngels Greogori, y su junta directiva, que “actuaron en nombre del PEN”. Lo más doloroso ha sido, en palabras de Arenas, que “se haya utilizado la confianza de socios en las juntas directivas para engañarlos de manera mezquina, tramposa e interesada”. Hubo algún socio que se marchó por no estar conforme con el proceder de la Junta, “que no le dio importancia. Dijo que había más socios”. Arenas espera que esta salida se revierta: “me encantaría que aquellos que se marcharon regresen al PEN, que no merece este descrédito”. 

La sentencia, que Arenas dedica a Josep Maria Terricabras, “persona íntegra e inteligente con quien conseguimos redactar el Manifest de Girona sobre derechos lingüísticos”, es una victoria, si bien algo amarga, pues esperaba una reacción distinta por parte de la nueva junta. “Lo correcto sería organizar una asamblea y que los socios decidan si quieren recurrir”, comentó Badia, “porque el recurso no será gratis, en cuanto habrá que sumarles las cosas de este primer proceso”, continúa el letrado, recordando que el primer abogado al que acudió el PEN decidió abandonar el caso tras acceder a la documentación. “Dijo que no había caso y que se marchaba. Dice mucho de la honestidad profesional del abogado”, concluyó Badia. 

Ahora solo queda esperar el recurso que pueda realizar el PEN. Arenas se muestra tranquila, “tenemos todos los documentos”, afirmó con decisión; “si alguien tiene que asumir los gastos no es el PEN ni los socios, sino quienes han provocado todo esto”, conluye, refiriéndose a Angels Gregori –“mientras con Arenas, los ejercicios cerraban con superávit, el primer ejercicio de Gregori cerró con pérdidas”, apostilló Badia- y a los miembros de la junta, algunos de los cuales están presentes en la nueva junta general presidida por Laura Huerga. 

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