NOVEDAD EDITORIAL
Adelanto de 'Octubre 1934', editado por Jesús Jiménez, sobre las huelgas y revoluciones sociales de un periodo que cumple ahora 90 años
Publicado por la editorial Desperta Ferro, este ensayo recoge en detalle los hechos que supusieron un parteaguas trascendental durante la II República

Captura de un alijo de armas a los revolucionarios en Oviedo. En Asturias, las protestas sociales de octubre de 1934 consiguieron confiscar edificios, ocupar fábricas, saquear tiendas y establecer el racionamiento de alimentos y materias primas. / EFE
'Las diferentes movilizaciones de octubre. El caso madrileño'
(Fragmento de Sandra Souto Kustín incluido en Octubre 1934, editado por Jesús Jiménez para Desperta Ferro).
A media tarde del 4 de octubre de 1934 se anunció la formación de un nuevo Gobierno republicano en el que participaban tres miembros de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) y los socialistas dieron la orden para la supuesta revolución que habían anunciado en el Parlamento y en su prensa desde la pérdida de las elecciones de noviembre de 1933, pero que, verdaderamente, no se empezó a preparar hasta principios de 1934. Las Cortes Españolas se reunieron el 1 de octubre y la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) retiró su confianza al Gobierno del Partido Republicano Radical, forzando así su dimisión. Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al igual que Esquerra Republicana de Catalunya y el Partido Republicano Conservador, dirigido por Miguel Maura, defendieron la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones. Sin embargo, el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, encargó al líder del Partido Republicano Radical, Alejandro Lerroux, la formación de un «gobierno mayoritario», que incluyera radicales, agrarios, miembros de la CEDA y de la Lliga Regionalista de Catalunya. Desde su órgano de expresión, el PSOE reafirmó las palabras pronunciadas por su líder Indalecio Prieto en las Cortes acerca del propósito del Partido Socialista de «subvertir revolucionariamente el actual estado de cosas», declarándolo «en pie» e «inmodificable». El 3 de octubre planteó que el objetivo de la CEDA en el poder sería «aplastar a las organizaciones obreras y a los partidos revolucionarios», a la vez que criticó a los partidos republicanos: «Si los republicanos oficiales son tan romos que no se les alcanza el peligro que ello supone, no sólo para la clase obrera, sino también para el régimen, habrán de disculparnos que no los acompañemos en su extravío». El día 4 insistió: «Trabajadores: Hoy quedará resuelta la crisis […] Todavía es tiempo, o, mejor dicho: ahora es tiempo... después puede ser demasiado tarde». Frente al PSOE, su organización juvenil había declarado por medio de su órgano de prensa, Renovación, que «habría de prometérsenos el poder por medios electorales y no aceptaríamos. Porque para nosotros es cuestión de honor el llevar hasta el fin este ciclo histórico, durante el cual el poder ha de venir a nuestras manos indefectiblemente por medios revolucionarios».
El Partido Comunista de España (PCE), por su parte, propuso declarar una huelga general y un movimiento insurreccional nada más producirse la dimisión del Gobierno para contar con el factor sorpresa, pero los socialistas se negaron y el órgano de prensa del PCE, relacionando la incorporación de la CEDA al Ejecutivo con lo sucedido en Austria a partir de 1933, también llamó a la acción con la formación del nuevo Gobierno: «Ha sonado la hora de la batalla».
A media tarde del 4 de octubre quedó constituido el nuevo gabinete, formado por 6 radicales, 3 miembros de la CEDA –en Justicia (Rafael Aizpún), Agricultura (Manuel Giménez Fernández) y Trabajo (José Anguera de Sojo)–, 2 agrarios y un independiente. Manuel Azaña, Diego Martínez Barrio, Felipe Sánchez Román y Miguel Maura escribieron a Alcalá-Zamora diciéndole que estaba entregando la República a sus enemigos e hicieron públicas notas que coincidían en considerar que la formación de este Gobierno desvirtuaba la República, por lo que se sentían ya al margen del régimen, aunque las organizaciones republicanas no fueron más allá de este gesto. Por su parte, el Partido Socialista inició la supuesta revolución que había anunciado en el Parlamento y en su prensa desde la pérdida de las elecciones de noviembre de 1933, pero que, verdaderamente, no se empezó a preparar hasta principios de 1934. Para esta acción había creado entonces una comisión mixta, también llamada comité de enlace, de la que formaban parte, según Francisco Largo Caballero, por el PSOE, Juan Simeón Vidarte y Enrique de Francisco; por la Unión General de Trabajadores (UGT), Pascual Tomás y José Díaz Alor; por la Federación de Juventudes Socialistas (FJS), Carlos Hernández Zancajo y Santiago Carrillo; y el mismo Largo Caballero por ser el presidente del partido. Las Ejecutivas del PSOE y la UGT acordaron que el movimiento debía presentarse como una protesta espontánea de los trabajadores y esto era lo que debía declararse si se era detenido «para salvar a la organización obrera y al Partido Socialista», aunque, a la vez, en previsión de un triunfo revolucionario, el PSOE preparó también un gabinete exclusivamente socialista.
Sin embargo, en octubre se produjeron en España dos procesos revolucionarios diferenciados. Por un lado, la iniciativa socialista de una huelga general insurreccional, de la que informó por medio de sus propios canales de comunicación internos y que tuvo diferentes efectos y formas en las distintas provincias –desde la huelga pacífica a la insurrección y la revolución social– según la fuerza, organización, posición política y táctica no solo de las organizaciones que participaran, sino en función de las mismas diferencias internas dentro de las organizaciones socialistas. Por otro lado, como analiza Manel López Esteve en el siguiente capítulo, un movimiento nacionalista en Cataluña, que se mezcló con la actuación de las Alianzas Obreras, que, en los lugares que lograron controlar, dieron un carácter más social y mayor duración a la acción. Precisamente las Alianzas Obreras, como órganos coordinadores de las diferentes organizaciones, habían sido propuestas en primer lugar por el pequeño partido comunista heterodoxo catalán Bloc Obrer i Camperol (BOC), dirigido por Joaquín Maurín, y la primera en crearse, en diciembre de 1933, había sido la de Cataluña. Sin embargo, su extensión por el resto de España tropezó con la oposición de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y del PCE, que no aceptó participar hasta septiembre de 1934, y con las escasas funciones que les daban las direcciones del PSOE y de la UGT, que no estaban dispuestas a perder el control ni el protagonismo en la dirección de ningún tipo de acción.
La misma movilización obrera de octubre tuvo una gran variedad de manifestaciones regionales y locales. Teniendo en cuenta la implantación anterior de las organizaciones obreras, las dos grandes regiones ausentes fueron Extremadura y Andalucía, es probable que por el predominio del mundo rural, ya que la huelga apenas se siguió en el campo, a consecuencia del desgaste sufrido por las organizaciones campesinas tras la huelga general que habían llevado a cabo en junio de 1934, que expone Francisco Cobo Romero en el capítulo anterior. Así, hubo huelga pacífica en Cáceres, Badajoz, Jaén, Córdoba y Málaga y en las cuencas mineras de Peñarroya-Pueblo Nuevo y Riotinto, mientras que la insurrección solo prendió en dos núcleos de la provincia de Cádiz (Algeciras y Prado del Rey), en La Carolina (Jaén) y en Teba (Málaga).
Hay otras regiones donde la acción fue prácticamente nula, lo que pudo deberse, en gran medida, a la reducida presencia de las organizaciones obreras ante la fuerza de las organizaciones de las derechas, como es el caso de Navarra, feudo carlista, donde solo en Pamplona, Tudela, Tafalla y Alsasua la huelga logró cierto eco y se perpetraron actos de sabotaje en las vías férreas y tendidos eléctricos y telefónicos; o en las dos Castillas, granero de votos de la CEDA: entre las ciudades castellanas solo se puede mencionar Valladolid –que estuvo veinticuatro horas en poder de los obreros– y los enfrentamientos con la Guardia Civil que se produjeron en Medina del Campo, Medina de Rioseco –donde los ferroviarios resistieron frente al Ejército y controlaron la ciudad durante algo más de un día– o algunos pueblos de Albacete. En las cuencas mineras de León y Palencia se proclamaron «repúblicas socialistas» en Villablino, Guardo o Riaño, dirigidas por el sindicato minero castellano de la UGT.
En otros casos, la falta de acuerdo con la CNT cobró gran importancia por la influencia de esta: dejando al margen Cataluña, tal fue el caso de Aragón, donde no se logró tampoco movilizar a los campesinos y, aunque hubo brotes insurreccionales en Mallén o Tarazona, hacia el 9 de octubre todo había acabado. En Valencia el movimiento fue relativamente poco importante, aunque hubo huelga general en los principales núcleos urbanos y enfrentamientos armados en Elda, Elche, Alicante, Novelda y Villena.
En Asturias se produjo una verdadera revolución social, como trata Javier Rodríguez Muñoz en el Capítulo 8, mientras que en el País Vasco las situaciones fueron variadas: prácticamente, no hubo huelga en Álava, pero fue casi general en las localidades de Vizcaya y Guipúzcoa, aunque solo en la zona siderúrgica y minera la movilización adquirió en algunas localidades tintes insurreccionales.
El balance estatal de la acción, tanto como huelga general como en su carácter revolucionario, fue, por tanto, muy desigual. Aunque hubo un fracaso general de la insurrección, esta prendió en diversos sitios aislados. En sentido estricto, solo se podría hablar de una verdadera situación revolucionaria –entendiendo esta como la situación en que se produce «una soberanía múltiple: dos o más bloques tienen aspiraciones, incompatibles entre sí, a controlar el Estado, o a ser el Estado»– en Asturias, dado que las diez horas de existencia del Estat català no propiciaron el desarrollo de una verdadera acción decisoria independiente, excepto el mismo hecho de proclamarse el Gobierno de la Generalitat como tal órgano de decisión.
Octubre de 1934 tuvo un marcado carácter urbano y, así, el día 5 la huelga era general en prácticamente todas las ciudades del país. Y, Madrid, como sede del poder político y económico del Estado republicano, era trascendental para el triunfo, de ahí que, como escribió poco después de los sucesos de octubre un dirigente de la UGT, en octubre de 1934 «se repetían, insistentemente, las mismas palabras que en diciembre de 1930, cuando lo de Jaca: “Y ¿Madrid? ¿Qué hace Madrid?”».
En este contexto, para analizar el principal tema de este texto –el octubre madrileño– y dejando aparte algunas cuestiones generales relativas al conjunto de España de las que se habla en otros capítulos de este libro, como el proceso de radicalización socialista, el triunfo en las elecciones de noviembre de 1933 de las derechas representadas por el Partido Radical y la CEDA y la paralización o revocación de medidas reformistas adoptadas en el primer bienio republicano, se hace necesario preguntarse en primer lugar qué proponían los socialistas –al ser los principales protagonistas de esta acción en el ámbito estatal, dado que, además de incorporarse tardíamente, el número de militantes del Partido Comunista de España (PCE) era escaso–, qué tipo de estrategias se siguieron –quizá habría que decir, dados los resultados, qué estrategias se intentaron seguir– y por qué circunstancias se vieron influidas, qué preparativos se habían hecho –en los casos en que se hicieron– o qué implicaban estos.

'Octubre 1934'
Varios Autores (Jesús Jiménez, editor)
Eitorial: Desperta Ferro
680 páginas | 28,95 euros
Fecha de publicación: 4 de septiembre 2024
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