La fiscalía reclama ocho años de prisión para Shakira por defraudar 14,5 millones a Hacienda

La fiscala Carmen Martín Aragón solicita en su escrito de acusación ocho años y un mes de prisión y multas por un total de 23,8 millones de euros para la cantante colombiana Shakira (Isabel Mebarak Ripoll) por presuntamente haber defraudado a la Agencia Tributaria 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014. La artista de Barranquilla ya ha depositado el montante de la deuda con Hacienda y ha regularizado su situación ante la Agencia Tributaria, pagando miles de euros más para abonar los impuestos que le corresponde. Por esta razón, la fiscalía le aplica la atenuante muy cualificada de reparación del daño, lo que hace reducir la petición de pena en su conjunto.

La acusación pública sostiene que Shakira ha cometido seis presuntos delitos de fraude a Hacienda cometidos por el impago de  impuestos de la renta y del patrimonio en 2012, 2013 y 2014, e individualmente se solicitan penas de un años a un año y seis meses. La fiscalía sostiene que la artista uso para defraudar un entramado societario, con ramificaciones en paraísos fiscales, y que simuló que vivía en el extranjero cuando en realidad lo hacía en Barcelona con el jugador de fútbol Gerard Piqué, del que ahora se ha separado.

Al entender de la fiscala, Shakira vivió de manera habitual entre el 2012 y el 2014, primero en una vivienda en Barcelona y después en una casa en Esplugues de Llobregat, que fue adquirida junto con su pareja Gerard Piqué a través de una sociedad. Las estancias fuera de España de la cantante en ese tiempo fueron “por motivos profesionales”, con una duración muy corta, a excepción de Estados Unidos, donde participó en el programa ‘La Voz”.

Más de 183 días en España

La acusación pública precisa en su escrito que la mayor parte del tiempo estuvo en nuestro país y superó los 183 días que establece la ley para considerar que una persona es residente habitual en España y, por lo tanto, debe pagar sus impuestos aquí.  En concreto, la acusada permaneció de manera efectiva en nuestro país: 242 días en 2012, 212 días en 2013 y 243 días en 2014. Las ausencia las califica de "esporádicas", en base a la normativa sobre tributos.

En su escrito la fiscalía subraya que la cantante, “conocedora de que vivía de manera habitual en España y que permanecía en este país la mayor parte del año", a excepción de las salidas para cumplir sus compromisos profesionales y sus actividades de ocio, utilizó un entramado societario que si bien había sido creado años atrás, no lo modificó en sus líneas esenciales y se sirvió de él para entre el 2012 y el 2014 "ocultar" a Hacienda y a la Agencia Tributaria de Catalunya los ingresos y el patrimonio. 

El "plan" para lograr no pagar a los impuestos, según el escrito de acusación, consistió "básicamente" en que fueran unas sociedades quienes formalmente figurasen como titulares de las percepciones de las rentas y del patrimonio, en lugar la de la artista. De esta manera, la mayor parte de los fondos viajaron a paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Panamá y Luxemburgo, además de otros países, como Estados Unidos y Holanda. En España tiene radicada dos empresas, una en Madrid y otra en Barcelona. En algunos casos se simuló la prestación de servicios.

Sin medios, ni personal

La fiscalía precisa que todas estas sociedades "carecieron de medios materiales y personales" para realizar actividad alguna y los gastos que generaron fueron los "puramente administrativos", relativos a la gestión de las propias empresas por despachos especializados en este tipo de estructuras. Estas compañías fueron "interpuestas con el único objetivo de ocultar" a la Hacienda las rentas y el patrimonio de la acusada, recalca.

El escrito de acusación llega un día después de que los abogados de Shakira comunicaran que rompían las conversaciones para poder llegar a un acuerdo y evitar el juicio contra la cantante, rechazando la propuesta de la fiscalía que permitiría sustituir la pena de prisión por una multa. En un un duro comunicado, el equipo legal de la artista sostenía que este caso constituía "un total atropello a sus derechos", ya que la vocalista siempre había demostrado una conducta impecable, como persona y contribuyente y "una plena disposición de solventar" cualquier diferencia desde el primer momento, incluso antes del proceso penal.