El Govern busca fórmulas para blindar el porcentaje de catalán en la ley audiovisual propia

El anteproyecto, en fase de tramitación, reforzará el papel regulador y sancionador del CAC para velar por el cumplimiento de las cuotas que se determinen

El Consell Executiu, reunido en el Palau de la Generalitat. / ACN

Mientras el pleno del Congreso de los Diputados se dispone a aprobar (previsiblemente el jueves) la controvertida Ley General de Comunicación Audiovisual que transpone al ordenamiento jurídico español la directiva europea de 2018, el Ejecutivo catalán que preside Pere Aragonès ha decidido pisar el acelerador en la tramitación de un anteproyecto de ley audiovisual propia que, entre otros preceptos, pretende aprovechar el escaso margen que le deja la norma estatal para intentar blindar la presencia de la lengua catalana (y del aranés) en este ámbito.

La ley catalana del audiovisual en vigor desde el año 2005 ya incluye la obligatoriedad de que los prestadores públicos de servicios de televisión y los privados que operan al amparo de una licencia autonómica dediquen un porcentaje de sus emisiones a obras en catalán o aranés. El anteproyecto de la norma que debe sustituir a esa ley y que en estos momentos se está ultimando (será probablemente presentado la semana que viene) pretende extender esa obligatoriedad también a los prestadores de servicios audiovisuales “que tienen una audiencia significativa en Catalunya”, lo que incluiría a las televisiones de ámbito estatal y a las plataformas de ‘streaming’ y de intercambio de vídeos.

Recorrido legal

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Según el texto elaborado por el Govern, será el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) el organismo encargado de fijar los criterios que determinen qué operadores están sujetos a esa obligación y de velar por su cumplimiento a través de un régimen sancionador. Fuentes del Ejecutivo autonómico admiten que, especialmente en el caso de las plataformas, será complicado encontrar la fórmula que permita blindar la presencia del catalán vía cuotas, pero aseguran que, desde un punto de vista jurídico, existe recorrido para ello.

Ese es también el criterio que defiende el Institut d’Estudis de l’Autogovern, dirigido por Joan Ridao, que acaba de confeccionar un informe sobre el margen de maniobra que tiene la Generalitat a la hora de desplegar políticas propias en materia audiovisual. El texto avala la pretensión del Govern de “maximizar” los porcentajes de catalán y aranés en la oferta audiovisual aunque admite que la ley estatal tendrá un “grave impacto” en las competencias de la administración autonómica.

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