Inyección de 5,7 millones al audiovisual catalán

El Departament de Cultura de la Generalitat inyectará casi 6 millones de euros más respecto al 2019 en el sector audiovisual situándose casi al mismo nivel de 2017, cuando se contaba con el importe de la tasa del audiovisual. Destacados agentes del sector como Isona Passola llevaba tiempo advirtiendo de la precariedad del sector. El diálogo con las instituciones ha surtido efecto pues el Icec (Institut Català de les Empreses Culturals) destinará un total de 17,2 millones de euros al audiovisual catalán, una cifra que supera en 5,7 millones el presupuesto de hace tres años. La consellera de Cultura Mariàngela Vilallonga ha explicado este viernes en una rueda de prensa virtual a la que también han acudido representantes del sector  que este aumento es posible gracias a la aprobación del presupuesto de la Generalitat el pasado 27 de marzo. El objetivo es ayudar a la reindustrialización del sector así como a su competitividad en los mercados globales. La cifra de inversión actual no alcanza por ahora la dotación pública máxima del audiovisual catalán: los 18 millones del 2017. Entonces sí había la tasa del audiovisual que fue anulada por el Tribunal Constitucional.

Animación y series de ficción

Las líneas que notarán más esta inyección económica será el cine de animación -que pasa de 1,3 millones a 2,5 millones de euros- y la de producción de series audiovisuales de ficción, que dobla su dotación hasta alcanzar 1,2 millones de euros. Pero este año, como gran novedad, el ICEC también lanzará una línea de coproducciones audiovisuales para fomentar que las productoras catalanas puedan participar en coproducciones en el ámbito de la Unión Europea. Esta línea contará con 1,2 millones de euros.

Más allá de las líneas de crédito ya anunciadas el sector se podrá acoger a una subvención extraordinaria de ocho millones de euros para afrontar los gastos derivados del covid-19 en las empresas y entidades culturales. Se abrirá a la primera semana de junio y servirá para cubrir gastos estructurales como sueldos, alquileres o hipotecas, gastos de suministros, impuestos y cuotas profesionales de aquellas empresas que hayan tenido que tramitar un erte. También contempla los gastos de adaptación de sus locales profesionales y los requerimientos sanitarios marcados por las autoridades pertinentes para 'la nueva normalidad', esa etapa postcovid donde los protocolos de seguridad tendrán tanto protagonismo.