¿Un verano sin festivales ni conciertos por el coronavirus?

Si muchos conciertos y festivales no se han suspendido o aplazado por ahora, pese a que todo indica que no se van a poder celebrar en las fechas anunciadas, es porque los promotores aguardan a que sea el gobierno quien les obligue a hacerlo, lo cual les permitiría alegar la fuerza mayor en sus compromisos (agencias de artistas, patrocinadores, proveedores), y porque deben encontrar el modo de resolver una cuestión capital como es el retorno del importe de las entradas vendidas. Una situación endemoniada para todos, grandes y pequeños, causada por una pandemia no contemplada en los contratos con las aseguradoras, y ante la cual el sector pide desesperadamente a la administración que dé indicaciones a seguir.

Lo peor es la incertidumbre. “Estamos a la espera de que nos digan cuándo podemos volver a la actividad o, al menos, hasta cuándo como mínimo no podremos volver a ella. Eso nos ayudaría a poder planificar”, señala Albert Salmerón, presidente de la APM (Asociación de Promotores Musicales), que califica de “decepcionante” el diálogo con el ministerio de Cultura. A medida que pasan las semanas, los aplazamientos se van colocando lo más lejos posible en el tiempo, entrando en el 2021, y los promotores trabajan con “un plan B, C y D”, como confiesa Albert Mallol, director artístico del Festival de la Porta Ferrada. Se recalca la necesidad de “directrices”, apunta Juli Guiu, director del Festival de Cap Roig, “como las que están siguiendo en Alemania, Bélgica, Holanda, Portugal...” Y que la administración asuma que el sector musical “no es el de la pandereta”, añade Guiu. “Somos industria”.

Mejor aplazar que suspender

Desde el establecimiento del estado de alarma se han suspendido festivales como el BBK Music Legends (Bilbao), La Mar de Músicas (Cartagena) y los madrileños MTV Summer Day y Rock the Night, mientras que han ganado tiempo, fijando fechas nuevas, muestras como el Primavera Sound (agosto), el albaceteño Viña Rock y Mallorca Live (octubre). No han anunciado cambios, por ahora, los barceloneses Sónar (junio), Cruïlla BCN (julio) y Rock Fest (julio), ni el madrileño Mad Cool (julio), cuyo director, Javier Arnáiz, calificó la situación, hace unos días en el virtual Music Fest Meeting, de “dramática”, y situó las fechas “más probables” del festival en el 2021. Arnáiz reclamó medidas al gobierno para que España no se convierta en “un país sin festivales”. Respecto a los grandes conciertos, se han aplazado los de Maluma (20 de septiembre), Bon Iver, Chayanne, Dua Lipa y Nick Cave en el Palau Sant Jordi (estos, todos trasladados al 2021), y otros siguen rodeados de silencio, como los de Paul McCartney e Iron Maiden, ambos en el Estadi Olímpic.

Aplazar es la opción preferible, validando las entradas originales y esperando en primer término que las devoluciones sean las mínimas, hipótesis esta aventurada en estos tiempos de recortes en la economía individual. Devolver el importe de las entradas “es lo que marca la ley”, subraya Albert Salmerón, si bien el sector pide a la administración que ampare una flexibilización de los plazos. Medidas en esta línea se han aprobado en Italia, como destacó este sábado la FMA (Festivales de Música) en el comunicado dirigido a los ministerios de Cultura y Consumo, donde se hacía referencia a las recetas adoptadas en varios países europeos “para la supervivencia de la música en vivo”.

En alerta roja

Este punto, el de la devolución, es altamente sensible, enfatiza el decano del ramo, Gay Mercader, que manejaba para este verano conciertos de Sting (trasladados al 2021) y Bryan Ferry (igualmente pospuestos, fechas por confirmar). “Las entradas hay que devolverlas. Esto es básico, y lo determina la legislación actual. Si no se devuelven, la gente pierde confianza. Sería pan para hoy y hambre para mañana”.

Pero muchas promotoras están en estado de ‘shock’: han tenido que adelantar depósitos a muchos artistas, según lo fijado en contrato (especialmente figuras internacionales; cada caso es distinto), que ahora estos deberían proceder a devolver (y no es especulativo sospechar que muchos se resistirán o tratarán de ganar tiempo), y deben contar con la caída de ingresos de unos patrocinadores en retirada. Y mientras tanto, seguir pagando sueldos, alquileres... “Cuanta más fuerza tienes y más confianza generas, más a tu favor tenderán a ir los plazos de devolución”, señala Albert Salmerón. “Si hubiera agencias que se quedaran con esos depósitos, se crearía una situación grave”. Y si se recuperan, como corresponde, entonces “menos se entendería que no devolvieran las entradas al público”, señala Gay Mercader.

Devolución por cambio de cartel

En caso de aplazamiento, la legislación “obliga” igualmente a la devolución de quien así lo solicite, señala Salmerón. Procedimiento lógico, conviene Mercader, “porque a lo mejor la nueva fecha a alguien no le va bien, o porque la programación ha cambiado y su artista favorito ya no actúa”. Lo dice un promotor que, en el 2016, cuando AC/DC cambió precipitadamente de cantante, Brian Johnson por Axl Rose, devolvió el dinero a 15.000 de los 63.000 compradores de ‘tickets’ del concierto del grupo en Sevilla. En esta profesión “debes tener un mínimo de capital; si no, mejor que te dediques a otra cosa”.

Mientras un concierto o un festival mantenga su fecha colocada en el calendario, hay vida y esperanza, aunque sea a costa de chutar la pelota hacia adelante, si bien estas semanas la hoja de cálculo de los promotores se ha atascado de un modo inédito debido a una circunstancia que nadie preveía hace solo unos pocos meses. Pero que las aseguradoras no cubrieran un supuesto como el coronavirus no debe sorprender, apunta Albert Salmerón. “Si contemplasen situaciones de este tipo, ese sector profesional no podría sostenerse”, estima. Y ese vacío comporta que el organizador deba asumir todos los gastos realizados, “de promoción, viajes, producción...”

Una reducción inviable

La música en directo se acerca así al verano, la época de mayores alegrías, en un estado de conmoción, sin soluciones siquiera paliativas que asomen a corto plazo, ni notificaciones oficiales que señalen un camino a seguir. Una hipotética reducción de aforos a un 50% o a un tercio, como la anunciada días atrás por el Palau de la Música para otoño (circunscrita a su producción propia), es inviable para los grandes festivales y las programaciones abiertas a figuras internacionales por una simple cuestión de rentabilidad económica.

Mientras, el sector pide prudencia en las declaraciones de las figuras públicas: el epidemiólogo Oriol Mitjà, ahora asesor del gobierno catalán, ha llegado a insinuar que, según cómo, los conciertos podrían tardar hasta dos años en volver. “Deben darse cuenta de que estas noticias lanzadas al aire pueden hacer mucho daño”, señala Juli Guiu, director de Cap Roig, que recoge el estado de ánimo del sector cuando se dirige a las administraciones en su última petición: “¡Señores, tomen decisiones!”.