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PROPIEDAD INTELECTUAL

El Supremo avala que el Gobierno no indemnice a los autores por quitar el canon

El Tribunal sentencia que la negativa del Ejecutivo a pagar 120 millones de euros a diferentes entidades de gestión por la posible ilegalidad de la compensación por copia privada fue correcta

EFE / MADRID

Discos duros digitales en una tienda de Barcelona.

Discos duros digitales en una tienda de Barcelona. / JOAN CORTADELLAS

El Tribunal Supremo ha sentenciado que la negativa del Gobierno, en el 2013, a pagar 120 millones de euros a diferentes sociedades de gestión de derechos de autor como compensación por la posible ilegalidad del canon aprobado en el 2011 por el ejecutivo de Mariano Rajoy fue correcta.

Los afectados son Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE), Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE), Asociación de Gestión de Derechos Audiovisuales (AGEDI), Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA), Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Sociedad Genereal de Autores y Editores (SGAE) y Visuales Entidad de Gestión de Artistas plásticos (VEGAP).

Recurrieron contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de octubre del 2013 que rechazó la responsabilidad patrimonial del Estado por el cambio en la gestión del canon digital, regulado en la Disposición adicional décima del Real Decreto-Ley 20/2011. Estas siete entidades de gestión solicitaban la nulidad de dicho acuerdo del Consejo de Ministros por ser contrario al Derecho de la Unión Europea.

Pedían también la condena al Estado al pago de una indemnización de 120.886.113 de euros más los intereses legales desde el momento de la solicitud de responsabilidad patrimonial, presentada el 28 de diciembre de 2012, para reparar los daños y perjuicios causados, en ese mismo año, por la citada Disposición. El pasado mes de noviembre, el Tribunal Supremo declaró la nulidad del canon digital con cargo a los Presupuestos Generales del Estado tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -sentencia EGEDA de junio de 2016- que falló en ese sentido.

Ahora el Supremo ha examinado la petición formulada por los recurrentes en el año 2012 al Estado, es decir, cuatro años antes de que se produjera el pronunciamiento judicial que anuló el canon. Para ello, la cuestión relevante es determinar si la infracción del Derecho de la Unión Europea puede considerarse como "suficientemente caracterizada".

DAÑO CAUSADO

En este sentido, afirma que no basta una incompatibilidad entre la norma nacional y la comunitaria, sino que sea de una especial intensidad, fruto de una interpretación que vaya más allá de lo discutible, de forma que el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportar el daño causado por la norma infractora.

En este caso, concluye la Sala que la infracción no está suficientemente caracterizada porque la misma no se aprecia en el aspecto que legitima la reclamación de las demandantes -una menor retribución, luego un daño patrimonial resarcible- sino en la falta de determinación de quien sea deudor final de la compensación.

Otra razón por la que la Sala considera que la infracción no es plena, clara, manifiesta, intencional o inexcusable es el hecho de que no hubo una intervención de la Comisión Europea que advirtiese ya de la posibilidad de que el sistema elegido fuese contrario a su normativa.

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