El Parlament aprueba la tasa a internet para financiar el cine

La Generalitat cargará a las operadoras, que recurrirán a los tribunales, 25 céntimos al mes por cada línea

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EL PERIÓDICO / BARCELONA

El Parlament ha aprobado esta tarde la ley que crea un impuesto sobre los contratos de las operadoras de telefonía que servirá para financiar las producciones de cine y televisión en Catalunya y el acceso a internet desde equipamientos culturales. El proyecto, al que se oponen las compañías de telecomunicaciones afectadas, ha contado con los votos a favor de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP, mientras que el PP y Ciutadans han optado por abstenerse. La tasa que se creará gracias a esta ley gravará con 0,25 euros al mes cada contrato, de ADSL o fibra, que permita el consumo de contenidos audiovisuales.

 El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha manifestado que el impuesto que se empezará a cobrar a partir del 2015 «probablemente es la medida de fomento de la cultura más importante que se ha tomado en los últimos 25 años».

La Conselleria de Cultura, que ha impulsado esta tasa, prevé recaudar 20,5 millones de euros al año. En la actualidad las políticas de fomento del cine en Catalunya cuentan con 8 millones de euros. Según el texto de la ley, las operadoras no podrán revertir el coste sobre los consumidores haciendo que el precio de la conexión sea más cara en Catalunya que en otras comunidades,

Recurso

Ametic, la patronal que agrupa a las operadoras de Internet y a los fabricantes tecnológicos, ha ratificado hoy que iniciará "las acciones legales pertinentes", tanto en España como ante las instancias europeas, para lograr que "se anule" la tasa catalana al ADSL.

Así lo ha asegurado a Efe la directora de operadores de Ametic, Amalia Pelegrín. Aunque la ley deja claro que la tasa no podrá recaer sobre los consumidores, la responsable de Ametic entiende que "la lógica indica que de una forma u otra" la tasa acabará teniendo consecuencias. En este sentido, ha comentado que una consecuencia de la tasa puede ser que quizá las compañías "revisen sus planes de despliegue de redes de banda ancha" en Cataluña.

Asimismo, Ametic denuncia que el sector ya está sometido a una "presión fiscal importante" y que la ley estatal ya le obliga a destinar un porcentaje de sus ingresos a fomentar el sector audiovisual, con lo que aprecia doble imposición por parte de la Generalitat.

A favor y en contra

Según el diputado José Manuel Villegas, de Ciutadans, será imposible controlar si el coste no acaba recayendo sobre los consumidores. Para Alícia Alegret (PP), si no en el recibo de los consumidores, el gravamen sí podría perjudicar a las inversiones tecnológicas de las compañías en Catalunya, informa Europa Press.

Entre los defensores de la ley (104 de los 135 diputados de la Cámara), el diputado Sergi Sabrià (ERC) ha defendido la medida porque cree que las operadoras de Internet forman parte del sector de empresas que "más ganan", por lo que pagando el impuesto se las hace corresponsables de fomentar sectores estratégicos como lo es, a su juicio, el audiovisual, mientras que la socialista Alícia Romero ha dicho que a Catalunya le conviene una reforma fiscal más amplia y justa, pero avala este impuesto porque recae sobre "las empresas grandes que tienen más beneficios y se tienen que solidarizar con una industria", la audiovisual, que ve como sus contenidos son pirateados en la red.

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ICV-EUiA avala el impuesto, pero Dolors Camats ha exigido al Govern que no fíe solo a este sector toda la inversión de lo que se recaude con la tasa, y ha criticado que en el pasado ya se crearon fondos para fomentar el sector audiovisual que murieron de "inanición" por falta de liderazgo político del Govern de CiU. Ferran Falcó (CiU) ha justificado el impuesto porque las operadores se benefician de los contenidos audiovisuales que circulan por la red, ha destacado el consenso que suscita la norma entre partidos ("cuando vamos juntos somos más fuertes"), y ha expuesto que 0,25 euros por conexión es plenamente asumible para los accionistas de las operadoras.

La CUP ha dado un 'sí' crítico a la ley: "Es una gota en el desierto de las políticas culturales, que es más que ninguna gota en el desierto", ha expuesto David Fernández, que ha cargado contra los precios y los servicios de las grandes operadoras de Internet.