Los agregadores de noticias deberán compensar a los editores por los derechos de autor

El Gobierno acaba de aprobar la reforma de la ley de propiedad intelectual. El texto pasará ahora el trámite parlamentario, donde puede sufrir muchas modificaciones antes de su entrada en vigor definitiva. El texto consagra la desaparición del llamado canon digital y reitera que los autores recibirán una compensación por las copias privadas que realicen los usuarios sin fines comerciales a cargo de los presupuestos generales del Estado. Este punto no gusta ni a las entidades de gestión, que son partidarias de que sean los fabricantes de tecnología los que paguen la compensación, ni al Consejo de Estado, que cuando revisó el texto criticó que la cantidad corra a cargo del dinero público.

Otra novedad de la ley es que los agregadores de noticias en internet deberán compensar a los editores de prensa cuando usen fragmentos ya sea de noticias o de columnas de opinión. Esta compensación no afecta al hecho de que una persona pueda buscar palabras aisladas en internet para llegar a una noticia.

Lucha contra la piratería

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La reforma de la ley también supone una agilización de los trámites para luchar contra la piratería. De esa manera, según el Gobierno, se reforzará la potestad sancionadora de la comisión de la propiedad intelectual, que castigará no solo a las web que alojen ilegalmente contenidos sujetos a derechos de autor sino aquellas que facilitan el enlace a esos contenidos. Las multas, como ya se recogió en la anterior legislación, varían desde los 30 a los 300.000 euros. Como ya estaba previsto en textos anteriores, el Gobierno tendrá capacidad (al menos teórica) para ahogar económicamente a esas webs a través de sus anunciantes. La última medida que se baraja en ese sentido es el bloqueo de la página. Según el ministro de Cultura, José Ignacio Wert, la comisión de la propiedad intelectual ha admitido 151 solicitudes de denuncia. 152 webs han retirado el contenido denunciado y de ellas, 21 han cesado por completo su actividad.

El último punto de la reforma de la ley de propiedad intelectual es el que afecta a las entidades de gestión, aquellas que defienden los derechos de los autores. En opinión de Wert, la ley aumentará la presión para su transparencia y creará una ventanilla única para facturar los cobros. Estos cambios disgustan a muchas de las entidades, que creen que la SGAE es la que ha salido favorecida.