DECLARACIÓN ANTE EL JUEZ
Pedro Farré, acusado de pagar prostitutas con una tarjeta de la SGAE, alega que no se le prohibió su uso personal
El exdirector de Relaciones Corporativas de la SGAE, Pedro Farré ( izquierda), habla con la prensa a su salida de la Audiencia Nacional. / periodico
Por qué confiar en El Periódico El exdirectivo de laSociedad General de Autores y Editores (SGAE)Pedro Farré, al que la entidad acusa de hacer uso de unatarjeta corporativa parapagar prostitutas, ha alegado ante el juez de la Audiencia NacionalPablo Ruz que la sociedad no prohibió "un hipotéticouso personal" de este medio de pago.
Según desvela un escrito presentado por el que fuera jefe de gabinete del expresidente de laSGAETeddy Bautista, al que ha tenido acceso Europa Press, Farré explica al juez en su defensa que dado su cargo derelaciones públicas, la entrega por parte de la SGAE de una tarjeta suponía una "autorización tácita" para la utilizara según su criterio.
Ruz ha dejado este lunes en libertad sin la imposición de medidas cautelares a Farré después de tomarle declaración por espacio de una hora. El magistrado le imputa la comisión de delitos deapropiación indebida y falsedad, han informado fuentes jurídicas.
40.000 euros pagados en locales de prostitución de lujo
El exdirectivo de la SGAE ha asegurado a su salida de las dependencias judiciales que se encuentra "muy tranquilo" y que las acusaciones en su contra constituyen "una maniobra para mancillar" su honor y desprestigiarle.
Según han informado a Europa Press fuentes de la sociedad, Farré habría utilizado la tarjeta corporativa de la sociedad de gestión para pagar unos40.000 eurosen locales dedicados a laprostitución de lujo. Estos datos y otros relacionados con un uso fraudulento de la tarjeta de la SGAE fueron puestos en conocimiento de la Guardia Civil, que el pasado viernes detuvo a Farré y le tomó declaración, dejándole en libertad posteriormente.
El escrito remitido por la defensa de Farré especifica que existe "reiterada jurisprudencia" del ámbito de lo social que apunta a que los despidos por uso de tarjetas de empresa sólo son válidos si existe una norma prohibitiva interna "expresa y formalmente comunicado al empleado".
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