El análisis masivo de datos pone en jaque la privacidad

La actividad humana genera datos constantemente pero solo desde hace pocos años la tecnología permite analizarlos, tratarlos y utilizarlos para que tengan capacidad de influencia en todos los ámbitos de nuestra vida diaria. Es lo que se conoce como big data big datay es uno de los puntos que está generando más negocio, más beneficio y también más controversia, porque muchos ciudadanos sienten su vida espiada.

Y es que cuando se redactó la ley orgánica de protección de datos, publicada en 1999, el big data no estaba ni pensado. Un tema que reconoció recientemente la Agencia Española de Protección de Datos, en su jornada anual, y lo marcó como uno de sus retos de futuro. «La privacidad de los datos personales está garantizada por la ley actual pero son leyes que se usan poco y que no están en la mente del legislador cuando redacta cosas nuevas. Por ejemplo, pagamos por tener Bicing, un servicio municipal, pero los datos que generamos en número de trayectos, veces que las usamos, qué rutas hacemos… los tienen el ayuntamiento y la concesionaria. Hay una desprotección de facto, que no de derecho», señala Gemma Galdón, profesora de Seguridad, Tecnología y sociedad en la Universitat de Barcelona y coordinadora del congreso mundial sobre vigilancia que se celebró en Barcelona la última semana de abril. «El problema es que somos analfabetos digitales y no hemos pensado en los riesgos que todo esto supone. Nadie sabe qué datos tiene la Administración de uno y a quién se los cede y para qué».

«La datificación, el big data, impacta en todos los ámbitos de la vida diaria pero es un tema sobre el que tenemos más dudas que seguridades sobre hacia dónde evoluciona», afirma José Luis de Vicente, comisario de la exposición que sobre este tema se inaugurará el jueves en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), en el marco de la Big Data Week, un evento de reflexión y debate que se celebra esta semana en 27 ciudades de todo el mundo.

Datos de nuestros trayectos, consumos, gastos, propiedades, relaciones, pagos y hábitos son recogidos sobre todo por administraciones públicas y empresas, en internet y en el mundo real. Abarcan desde el modo en que nos movemos, por dónde pasamos, qué hacemos, en qué condiciones, con quién nos relacionamos, qué pensamos, qué decimos y de qué forma. Y todo eso ahora se puede procesar y cruzar de una manera cada vez más barata, fácil y rápida, y de modo que se pueda prever nuestro comportamiento futuro.

Gobiernos y administraciones de todo el mundo se han lanzado a publicar los datos de que disponen en ciertos ámbitos, en principio para mostrar a los ciudadanos su acción de gobierno, pero también para, dicen, mejorar la vida de los mismos En Catalunya, el proyecto Catalunya Dades, en el que participan administraciones, universidades, empresas y entidades, promueve la publicación de datos, no siempre vinculados a personas, para abrir y desarrollar negocios.

«Hay áreas donde pueden suponer una oportunidad de negocio liberar datos meteorológicos, la agenda local, el turismo, la ocupación, los equipamientos públicos o la movilidad. Hay empresas que los aprovechan para crear aplicaciones o servicios que la Administración no puede asumir», explica Elisabet Samarra, subdirectora general de Atenció Ciutadana i Difusió de la Generalitat.

También la Conselleria de Salut ha publicado desde los indicadores de calidad de los centros sanitarios públicos a los datos estadísticos de la salud de los catalanes. Y lo mismo en educación, con las estadísticas sobre el nivel educativo de los escolares. Aunque cuando se publican, son datos anónimos (sin nombres, solo los números), alguien detrás tiene esa información.

CRUZAR INFORMACIONES / «Lo que no podemos hacer las administraciones, porque la ley de protección de datos lo impide, es desvelar datos que permitan identificar a ciudadanos. Yo puedo poner los datos de tráfico de una calle céntrica donde pasen muchos coches, pero no la de una calle donde solo viva una persona», explica Marta Continente, responsable de Smart Cities en el Àrea Metropolitana de Barcelona y exresponsable de participación en la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. «La ley española es garantista e impide cruzar datos de distintos servicios sobre un mismo ciudadano, por ejemplo unir las vacunas a la ficha de un escolar. Y eso podría ser interesante para la Administración», añade.