ABUSOS SEXUALES
Ultimátum del juez al obispo de Granada por el 'caso Romanones'
El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, tiene un plazo de tres días para facilitar toda la documentación de la investigación interna que realizó la diócesis por el denominado caso Romanones de abusos sexuales a menores cometidos por varios curas y laicos vinculados a la institución. Ese es el tiempo dado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, que investiga el caso y que, cansado de las largas del arzobispo, le advierte de que podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial o incluso de denegación de auxilio a la justicia.
Desde que el caso saltó a la luz el pasado mes de noviembre, el instructor ha pedido en varias ocasiones la colaboración del arzobispado, que siempre se ha jactado de su colaboración con la justicia. Sin embargo, el juez no opina lo mismo, y en su auto recuerda que en su último escrito Martínez alegó que no podía aportar toda la información en virtud de la «legislación canónica aplicable», e instó al juez a pedir la documentación al Vaticano.
En el fondo de la cuestión se hallan los interrogatorios y declaraciones de los diez sacerdotes y dos laicos implicados, vinculados a la parroquia de San Juan María de Vianney, que llevaron a apartarlos de sus funciones en la parroquia y el centro donde uno de ellos daba clases de Religión y a una suspensión ad divinis. El juez sostiene que «necesariamente deben de obrar de forma escrita a la luz de las disposiciones sobre procedimientos administrativos y eclesiásticos».
En su auto, el juez recuerda que fue el propio papa Francisco quien destapó el caso tras conocer el calvario de una supuesta víctima, a la que animó a denunciarlo ante la diócesis. Se inició así el procedimiento canónico previsto para casos como este, aunque ante la falta de respuesta el Pontífice invitó a acudir a los tribunales. «Escudarse ahora, después de mas de seis meses, en la competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe (...) supone indiciariamente una evidente negativa a cumplir y colaborar con las autoridades civiles, o de ocultación, cuando se ha constatado la trascendencia y gravedad» de los hechos, sostiene el juez.
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